Categoría: España

En 2021, el Gobierno hizo público un listado con 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia en España. Ese listado NO SIRVE.

Por dos razones:

1. Es INCOMPLETO (son más de 100.000) y 2. NO PERMITE LA IDENTIFICACIÓN de los bienes.

• Es un listado incompleto porque solo abarca el período 1998-2015. Sabemos con seguridad que el número de inmatriculaciones realizado con anterioridad, desde 1946, es mucho mayor.
• Es un listado incompleto porque faltan datos de registros de la propiedad enteros, que probablemente no respondieron a la solicitud efectuada por el Gobierno.
• Es un listado incompleto porque bienes que ahora se encuentran en discusión y que corresponderían al periodo del listado, ni siquiera figuran en el mismo.

Pero es que, además, no sirve porque no permite identificar gran parte de los bienes.

• No permite identificar bienes emblemáticos declarados BIC y Patrimonio de la Humanidad. Por ejemplo, una joya del prerrománico asturiano como Santa Cristina de Lena (figura como finca y capilla en Felgueras) o la propia Giralda de Sevilla y el Patio de los Naranjos (no constan y figuran como ‘dependencias anexas’ de la Catedral en la nota simple).
• Ni tampoco permite identificar las miles de viviendas, solares, fincas y terrenos que se mencionan.

Esta falta de exhaustividad y claridad empaña la necesaria transparencia que debería guiar este proceso de información. La publicación de un listado incompleto y genérico no solo es insuficiente, sino que también es una afrenta a los principios democráticos que deberían guiar la acción del Gobierno.

EL LISTADO FACILITADO POR EL GOBIERNO NO SIRVE: Inmatriculaciones de la Iglesia en España

El origen de la problemática de las inmatriculaciones es UNA LEY FRANQUISTA: la Ley Hipotecaria de 1946.

El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y su Reglamento de 1947 permitieron inscribir bienes a nombre de la Iglesia equiparando a ésta con la administración pública y a sus obispos con notarios. Bastaba con la simple firma de un obispo. “Una sola palabra tuya servirá para inscribirme”.

Esta problemática radica en la voluntad del régimen franquista de fortalecer a la Iglesia Católica como uno de sus pilares fundamentales. De esta manera, no solo consolidaba su poder, sino que también la recompensaba por su apoyo incondicional.

Estas normas debieron ser declaradas nulas de pleno derecho desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida al vulnerar el principio de aconfesionalidad del Estado. Pero no lo fueron.

Es más, en 1998, el Gobierno de José María Aznar añadió otro privilegio; la posibilidad de inmatricular, también, lugares de culto, cosa que ni siquiera el régimen franquista se había atrevido a hacer.

Siempre se había entendido que estos bienes eran patrimonio de toda la ciudadanía, bienes de dominio público, con independencia del uso religioso que pudiera hacerse de ellos.

Tuvo que llegar el año 2015 para que, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que haría sonrojarse a cualquier Gobierno, se eliminara este privilegio inconcebible.

Pero todo lo inmatriculado… inmatriculado quedó.

La Iglesia Católica ha inscrito bienes en el Registro de la Propiedad SIN APORTAR TÍTULOS DE PROPIEDAD ni garantía alguna

Durante más de 70 años, la Iglesia Católica ha inscrito en el Registro de la Propiedad más de 100.000 bienes a su nombre sin presentar los títulos de propiedad correspondientes ni aportar ningún tipo de garantía.

Este hecho, amparado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, promulgada durante la dictadura franquista, ha concedido a la Iglesia un privilegio excepcional: la capacidad de registrar inmuebles únicamente mediante una certificación emitida por el obispo, sin la necesidad de demostrar la titularidad legal sobre dichos bienes.

Mientras que cualquier ciudadano o entidad privada debe cumplir con un proceso legal riguroso para registrar una propiedad, aportando títulos de propiedad, garantías, o en su defecto, abriéndose un expediente de dominio, la Iglesia ha operado sin tener que cumplir estos requisitos. Le ha bastado con la simple firma de un obispo.

Esta falta absoluta de garantías y la ausencia de documentación que acredite la legítima propiedad de los bienes constituye una anomalía jurídica y un privilegio incompatible con los principios de justicia y equidad que deben regir en una sociedad democrática.

El hecho de que una entidad privada, como la Iglesia, haya podido inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad ni garantía alguna representa una violación de estos principios fundamentales. Así lo ha señalado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha concluido que estas prácticas han vulnerado los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Seguimos insistiendo en la denuncia de lo que nos parece el mayor expolio de patrimonio que se ha producido en la historia de nuestro país: