San Julián de los Prados, Monumento Nacional en 1917 y Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1998, fue construida por Alfonso II en el siglo IX e inscrita por la jerarquía eclesiástica a su nombre en uso del polémico artículo 206 sin aportar ningún título de propiedad. En 1981, cuando estaba expresamente prohibido por la ley registrar lugares de culto.
Ábside de San Julián de los Prados, Oviedo
Aristóteles Moreno – Público – 20 de marzo de 2020
El Grupo de Inmatriculaciones está convencido de que la jerarquía eclesiástica ha inscrito a su nombre todos los monumentos de un conjunto de incalculable valor cultural promovido en el alto medievo por los monarcas astures y reconocido hoy por la Unesco como bienes del Patrimonio Mundial
Santa Cristina de Lena (izqda.) y San Miguel de Lillo (dcha.)
Desde 1946, la iglesia católica ha venido inscribiendo en el registro de la propiedad bienes inmuebles, sin aportar título de propiedad alguno, con una mera autocertificación eclesiástica.
Hace unos pocos años, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no nos decía la verdad en sede parlamentaria, cuando afirmaba que el asunto de las inmatriculaciones de la iglesia no era tema de su competencia; falso: los registros de la propiedad dependen directamente del Ministerio de Justicia. Tampoco nos decía la verdad cuando afirmaba que no disponía de información acerca de las inmatriculaciones realizadas; falso: se ha comprobado posteriormente que los registradores habían remitido esa información al citado ministerio.
Hace poco menos de dos años, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconocía que sí se disponía de la información remitida por los registradores de la propiedad. Poco después prometía a los ciudadanos que, en breve, se haría pública dicha información.
Seguimos esperando.
El presidente del Principado, Adrián Barbón y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes en la Investidura – Tomás Mugueta
El futuro centro social de San Miguel de la Barreda se construirá en una parcela inmatriculada por el Arzobispado de Oviedo fuera de plazo y vendida en diciembre de 2017 al Ayuntamiento de Siero por 21.500 euros, tras llevar a cabo una segregación de unos 500 metros cuadrados.
Según explica José María Rosell, portavoz del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias Laica -un colectivo que tiene como objetivo aclarar si la Iglesia ha inscrito a su nombre propiedades que no eran suyas-, el registro se realizó el 31 de julio de 2015, un mes después de la entrada en vigor del artículo que eliminó esta práctica de la Ley Hipotecaria. Aunque la totalidad del texto legal comenzó a aplicarse el 1 de noviembre, varios preceptos lo hicieron el 26 de junio, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «En este caso concreto la irregularidad es manifiesta porque la inmatriculación está fuera de plazo», sostiene Rosell, que avanza que continuarán investigando el expediente. «Lo que reclamamos es que se haga público el listado de todos los bienes que la Iglesia ha registrado sin aportar títulos de propiedad», añade.
Por su parte, el concejal de Economía y Administración Municipal de Siero, Alberto Pajares, señaló ayer que fue el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento quien facilitó al colectivo los datos de los bienes inmatriculados por el Arzobispado en el municipio y aclaró que «en ninguno de los siete casos hay indicios de que se haya producido una apropiación indebida». Asimismo, aseguró que el hecho de que la parcela sea un bien inmatriculado no afectará a la construcción del centro social, cuyas obras están en la actualidad en fase de licitación.
El Arzobispado de Oviedo vendió al ayuntamiento un solar en San Miguel de la Barreda que había registrado sin tener titulo de propiedad y tras expirar la ley de Aznar que lo permitía.
Finca urbana en San Miguel de la Barreda
31 de julio de 2015. Ese fue el día en el que el Arzobispado de Oviedo se inmatriculó una finca urbana en San Miguel de la Barreda de 3.214 metros cuadrados, en el que se encontraba el templo parroquial. Hacía justo un mes que había entrado en vigor la última reforma de la Ley Hipotecaria que impedía a la Iglesia registrar esas fincas a su nombre solo con un certificado expedido por ella misma, tal y como la Ley Aznar permitió desde 1998. Solo 16 meses después, vendía una parte de ese terreno que previamente había segregado. La operación sirvió para que se embolsara algo más de 20.000 euros. Esta es una de las operaciones que ha comenzado a investigar el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, un colectivo que trata de poner sobre la mesa todo lo sucedido en el Principado en estos últimos años.
A finales de diciembre de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Castropol, por unanimidad, había aprobado una moción, presentada por el PSOE, por la que «se instaba al Arzobispado de Oviedo a paralizar la subasta de la casa rectoral de Figueras y buscar otra alternativa a la venta del edificio que permita el uso del mismo por parte de los vecinos» «Nos unimos y respaldamos la petición que hacen los vecinos de Figueras; pedimos al Arzobispado de Oviedo que paralice la venta de la casa rectoral y también que busque solución a otras rectorales del concejo, en la misma situación, para que se puedan seguir utilizando por parte del pueblo y de los vecinos», (LNE), señalaba la alcaldesa en funciones de Castropol, Teresa Dorado.
Pues bien, a pesar de la oposición de los vecinos, el arzobispado vendió la casa rectoral, fruto de la donación una vecina de la localidad a beneficio de la parroquia, subástándola a un precio de salida de 65.000 euros el pasado 24 de enero.
Los vecinos de Figueras (Castropol) se han quedado sin casa rectoral. El arzobispado de Oviedo la ha vendido tras acudir a la subasta que compró un comprador. Lo confirmaron ayer fuentes del Arzobispado, que no han querido informar de la identidad del nuevo propietario ni de la cantidad finalmente desembolsada.
La subasta se celebró el pasado 24 de enero con un precio de salida de 65.000 euros. Desde que se supo de su convocatoria, a finales de diciembre, los vecinos se opusieron radicalmente a la venta de un inmueble que, aseguran, les prestaba mucho servicio. Allí se reunían y guardaban material de las asociaciones. Su pérdida dicen, «ha sido un mazazo». Incluso habían pagado de su bolsillo algunas reparaciones de la casa, por lo que se declaran muy defraudados con el arzobispado.