Josemari Esparza – Noticias de Navarra – 08-09-2021
El monumental escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, propiciadas por el PP y blindadas por el PSOE, va para largo. No estamos en Francia o Alemania. Ni siquiera en Portugal, donde es impensable lo ocurrido aquí. Las inmatriculaciones son producto «made in Spain», porque la esencia de su Iglesia responde al Estado retrógrado, oscurantista y corrupto que –salvo breves primaveras republicanas– le ha permitido hacer cuanto quiere a lo largo de la Historia.
La espinosa cuestión de las inmatriculaciones eclesiásticas ha registrado este primer semestre de 2021 dos hechos decisivos. El primero representa un éxito del movimiento ciudadano que lleva más de una década luchando por su nulidad. Nos referimos a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Con casi tres años de retraso, el gobierno de Sánchez entregó en febrero pasado al Congreso de los Diputados un catálogo incompleto y parcial. Solo incluía los inmuebles inscritos por los obispos entre 1998 y 2015, y aportaba de ellos una información claramente deficiente, que impedía de facto su correcta identificación.
El pasado 19 de marzo don Alberto Torga y Llamedo publicaba en este mismo periódico un escrito titulado “La legalidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia” que hace referencia directa a nuestro colectivo y que contiene afirmaciones muy alejadas de la realidad.