Se está investigando, con la ayuda de los archivos municipales, los bienes en terreno rústico con los que la Iglesia engrosó su patrimonio
El consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente, José María Aierdi, junto al director general de Agricultura, Ignacio Gil, en la reunión mantenida con representantes de la FNCM y la plataforma de defensa del patrimonio navarro. IRATI AIZPURUA / GOBIERNO DE NAVARRA
El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra ha activado el procedimiento para tratar de recuperar 272 terrenos que tras una investigación han podido ser identificados como comunales y que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1900 y 2021. Estos son solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021, el más detallado realizado hasta la fecha en España.
Desarrollo Rural investiga cerca de 300 bienes de carácter comunal y firma un convenio con la FNMC para extender la investigación a los archivos municipales
El consejero Aierdi junto al director general de Agricultura, Ignacio Gil, en la reunión mantenida con representantes de la FNCM y la plataforma de defensa del patrimonio navarro. IRATI AIZPURUA
El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Agricultura, está impulsando y ha iniciado ya una investigación sobre aquellos bienes comunales en suelo rústico que hubieran sido inmatriculados por la Iglesia católica y, para ello, ha elaborado ya un primer listado de fincas cuya titularidad pudiera ser susceptible de ser reclamada por las entidades locales para su recuperación.
La formación soberanista entiende que la adhesión al convenio suscrito entre la FNMC y el Gobierno de Navarra para la investigación de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia podría ser una realidad, dado que la mayoría progresista que existe en Zizur Mayor es la misma que viene respaldando este tipo de actuaciones en el Parlamento de Navarra.
El grupo soberanista ha propuesto que en el Pleno de abril se apruebe la adhesión del Ayuntamiento de Zizur Mayor al Convenio suscrito entre el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para investigar la posible inmatriculación de bienes comunales por parte de la Iglesia.
Esta decisión se enmarca en el convenio firmado entre ambas instituciones, que tiene como objetivo analizar, de forma precisa y académica, las 2.952 inmatriculaciones que, según los datos aportados por el propio Gobierno de Navarra, constan realizadas por la Iglesia desde 1900, entre los que se encuentran ermitas, solares, viviendas, fincas y otros inmuebles. En el caso de Zizur Mayor, el listado del Gobierno foral da cuenta de seis bienes inmatriculados, dos de ellos fincas rústicas.
El portavoz de EH Bildu, Ander Loyola Sergio, ha destacado “la importancia de defender el patrimonio común” y participar activamente en las actuaciones impulsadas por el Gobierno de Navarra y la Federación. “Este tipo de actuaciones para investigar las inmatriculaciones vienen avaladas por los mismos grupos que en el Ayuntamiento de Zizur Mayor tenemos amplia mayoría, por lo que entendemos que no habrá problema en suscribir nuestra propuesta”, ha concluido.
Durante décadas, la Iglesia Católica se hizo con la propiedad de miles de bienes públicos mediante «certificaciones» eclesiásticas sin control. Hoy, las diferentes administraciones aún miran hacia otro lado.
Esculturas de Hidari Jingorō en el santuario Toshogu en Nikko (Japón) – Wikipedia
José María Rosell Tous, Grupo Inmatriculaciones Asturias – Coordinadora estatal RECUPERANDO – 01 abril 2025
Pocos ciudadanos lo saben, pero miles de iglesias, cementerios, plazas, caminos, huertas, fuentes, ermitas y terrenos comunales fueron inscritos como propiedad de la Iglesia Católica sin necesidad de probar legalmente su titularidad. Durante bastante más de medio siglo, ha bastado con que el obispo «certificara» que el bien en cuestión pertenecía a la Iglesia. Esta posibilidad, recogida en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 (vigente hasta 2015), otorgaba a la Iglesia un privilegio excepcional, equiparándola en la práctica a la administración pública.
El parlamentario Álvaro Sanz (IU) interviene en el parlamento de Aragón para explicar la grave problemática de la «okupación» de viviendas en España. Marzo 2005.
La Coordinadora Recuperando ha criticado este sábado el «incumplimiento» del Gobierno de España en relación a las inmatriculaciones que habría realizado la Iglesia respecto de bienes comunales, después de que el presidente Pedro Sánchez «se comprometiera en su investidura a implementar modificaciones legislativas para recuperar los bienes indebidamente inscritos por la Iglesia católica».
El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, en la apertura de la asamblea de la Coordinadora Recuperando, que se celebra en Pamplona. COORDINADORA RECUPERANDO
El portavoz de la coordinadora, Andrés Valentín, que ha intervenido este sábado en la VI asamblea de esta entidad que se celebra en Pamplona, ha afirmado que «si el Gobierno se ha olvidado de nuestra lucha, nosotros no nos olvidamos». En la asamblea participan medio centenar de representantes de colectivos de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Navarra.
La Coordinadora Recuperando analiza en este encuentro la situación actual de las inmatriculaciones eclesiásticas y prepara un programa de actuaciones ciudadanas e institucionales para 2025.
Colectivos que trabajan por la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica han exigido al Gobierno español «compromiso político» para que las miles de inmatriculaciones sean devueltas a sus legítimos propietarios.
Representantes de Recuperando junto al presidente del Parlamento de Nafarroa, Unai Hualde. (Iñigo URIZ | FOKU)
Una treintena de colectivos de todo el Estado se han reunido en Iruñea este sábado, donde han estudiado nuevas acciones en relación al «escándalo de los miles de bienes inmatriculados por la Iglesia católica gracias al privilegio inconstitucional de los obispos» y han exigido «compromiso político» para que las miles de inmatriculaciones «vuelvan a su legítimo propietario».
El encuentro se ha celebrado en el marco de la VI Asamblea de la Coordinadora Recuperando, y ha sido inaugurada por el presidente del Parlamento de Nafarroa, Unai Hualde. Juanjo Picó, miembro de la junta de Recuperando, ha explicado a Efe las exigencias de los colectivos.
Colectivos llegados de diferentes puntos del país se han reunido con el objetivo de estudiar nuevas acciones para reimpulsar la denuncia de las inmatriculaciones de la iglesia. Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra, ha inaugurado el acto
Una treintena de colectivos ciudadanos de toda España se han reunido en Pamplona este sábado donde han estudiado nuevas acciones en relación al «escándalo de los miles de bienes inmatriculados por la Iglesia católica gracias al privilegio inconstitucional de los obispos» y han exigido «compromiso político» para que las miles de inmatriculaciones «vuelvan a su legítimo propietario».
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (d) – María José López. Europa Press
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos prevé aprobar una nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo anteproyecto ha sometido a consulta pública previa, y con la que pretende, entre otros objetivos, «actualizar el régimen jurídico del patrimonio» andaluz, «atendiendo a sus necesidades, su actual organización y a las necesidades del tráfico jurídico», así como «garantizar la protección» del mismo y «su papel como instrumento al servicio público».
En un periodo de consulta previa que culmina el próximo día 23 de enero, «la ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados»
Juanma Moreno, junto a Carolina España y Toni Martín
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, liderada por Juanma Moreno, prevé aprobar una nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo anteproyecto ha sometido a consulta pública previa, y con la que pretende, entre otros objetivos, «actualizar el régimen jurídico del patrimonio» andaluz, «atendiendo a sus necesidades, su actual organización y a las necesidades del tráfico jurídico», así como «garantizar la protección» del mismo y «su papel como instrumento al servicio público».
