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Hoy, 28 mayo 2025, la Coordinadora RECUPERANDO ha enviado el siguiente Comunicado/Nota de Prensa a los medios de comunicación:

Inmatriculaciones eclesiásticas de bienes públicos: lo descubierto en Navarra solo es el principio

Gracias al impulso de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, se ha iniciado un análisis exhaustivo del proceso inmatriculador, lo que ha permitido detectar ya casi 300 bienes comunales indebidamente registrados a nombre de la Iglesia. Se estima que la cifra podría multiplicarse e incluso alcanzar los 1.700.

El caso de Navarra ha destapado una realidad: la inscripción a nombre de la Iglesia de bienes comunales, patrimonio público cuya titularidad no puede ser usurpada. Esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática que atenta contra el interés general.

La inmatriculación masiva de bienes por parte de la Iglesia Católica, cuyo número se estima en más de 100.000, constituye uno de los mayores escándalos patrimoniales del Estado español. Bastó una simple declaración expedida por la jerarquía eclesiástica —sin título de dominio alguno— para inscribir miles de bienes en los registros de la propiedad, gracias a un privilegio franquista mantenido hasta 2015.

Pero es que ahora, además, ha quedado demostrado que esta apropiación alcanzaba a bienes públicos y comunales. Los hechos evidencian:

• Que la Iglesia ha inmatriculado bienes públicos, incluyendo bienes comunales, de uso colectivo y tradicionalmente vinculados a la vida vecinal y rural.

• Que no se trata de excepciones, sino de una operación generalizada de privatización encubierta del patrimonio común.

• Que las certificaciones eclesiásticas, único elemento en que se sustentaban estas inmatriculaciones, carecen de validez debido a su falta de imparcialidad, a la ausencia de una verificación independiente y a la carencia de valor probatorio de las mismas.

• Que, si en Navarra se ha producido una apropiación masiva de bienes públicos, es razonable pensar que lo mismo haya sucedido en otras comunidades autónomas.

• Que las administraciones públicas, en todos sus niveles —municipales, autonómicas y estatales— tienen el deber legal y moral de recuperar los bienes indebidamente inscritos a nombre de la Iglesia para restituir su carácter público.

Los partidos olvidan el escándalo de las inmatriculaciones en sus programas del 23-J

Recuperando denuncia la “falta de compromiso” del Gobierno de coalición en la recuperación de miles de bienes de interés cultural

Ninguno de los cuatro partidos con opciones a gobernar España a partir del 23-J ha incluido en sus programas electorales referencia alguna al escándalo de las inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia católica inscribir a su nombre más de 100.000 bienes, entre ellos monumentos de enorme valor cultural, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas, viviendas y hasta frontones.

De los programas del PSOE y Sumar ha desaparecido la cuestión de las inscripciones episcopales cuando en las elecciones anteriores habían ocupado un lugar destacado en las prioridades políticas del Gobierno de coalición. Hasta el presidente Pedro Sánchez hizo una mención inequívoca en su discurso de investidura al anunciar “reformas legislativas” para “revertir” las inmatriculaciones.

Cuatro años después, ninguna iniciativa parlamentaria ha modificado ni un ápice de las disposiciones normativas que permitieron a los obispos apropiarse de miles de bienes de interés cultural. La única decisión que el Ejecutivo de Sánchez tomó en relación al escándalo de las inscripciones episcopales fue la entrega al Congreso de los Diputados del listado de bienes inmatriculados en cumplimiento de una petición parlamentaria formulada con anterioridad.

En ese inventario, figuraban 34.000 bienes registrados entre 1998 y 2015, pero dejaban fuera varias decenas de miles inscritos desde 1946. La coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de asociaciones patrimonialistas, mostró entonces su satisfacción por un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano, aunque lamentó que el Gobierno de coalición no tuvo la valentía de dar un paso firme en dirección a la recuperación de los bienes inmatriculados.

El listado gubernamental de bienes venía acompañado de un informe jurídico que admitía la “supuesta inconstitucionalidad” del artículo 206 de la Ley Hipotecaria pero no habilitaba ninguna fórmula legislativa para declarar la nulidad de las inscripciones y, en la práctica, se lavaba las manos en un asunto de Estado que exige una solución global, tal como ha solicitado Recuperando de forma reiterada.

Las asociaciones patrimonialistas lamentan la “pasividad” de la administración pública para resolver una cuestión de interés general y denuncian el “olvido” y la “falta de compromiso” de las dos fuerzas principales del Gobierno de coalición al borrar de sus programas electorales toda mención a las inmatriculaciones eclesiásticas.

Recuperando apuesta por una reforma legislativa que invalide por inconstitucionales todas las inscripciones episcopales realizadas al amparo de la mera autocertificación diocesana y una ley que clarifique qué bienes culturales son de dominio público y, por tanto, no pueden ser objeto de privatización alguna.

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Coordinadora Estatal RECUPERANDO, 17/07/2023