El problema no consiste solo en que la Iglesia católica se haya adjudicado la titularidad de ermitas, edificios y fincas, sino también en los bienes de servicio público y los bienes del patrimonio histórico que han sido inscritos a favor de las autoridades eclesiásticas.
La torre del Micalet, en València. Jesús Císcar
La inscripción desde 1998 a nombre de la Iglesia católica de más de 30.000 propiedades en toda España, su inmatriculación con el único certificado de las diócesis respectivas, gracias a una reforma legal del Gobierno de José María Aznar revertida en 2015, cuando ya era muy tarde para detener el expolio, es motivo de escándalo y, ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho pública la relación de bienes afectados, va a dar mucho que hablar.
Me avergüenza pertenecer a una iglesia que se apropió de 100.000 inmuebles.
En éste artículo, desde nuestra creencia en Jesús de Nazaret*, nos mostramos en contra de reconocer a la Iglesia Católica la competencia jurídica para auto apropiarse de bienes de carácter público por el mero hecho de no estar registrados, además de censurar esas anacrónicas Inmatriculaciones.
Reconozco que nada más conocer la publicación del listado de los 35.000 bienes inmatriculados por la ICAR que ayer dio a conocer el Gobierno, mi primera reacción fue pensar “Por fin”. Y así lo comunicaba a mi lista de contactos, con éste twit, imaginando se paliaría ésta anomalía democrática:
La iglesia durante muchos años, y gracias a una ley de Aznar, iba a las notarías donde, cualquier obispo, ponía a su nombre desde cocheras a pisos, desde iglesias hasta ermitas, desde montes hasta espacios comunales, que no constaran registralmente. Son las llamadas inmatriculaciones. Y aún como creyente tengo que estar en contra de ese abuso.
Cuadernos Manchegos – Luis Ángel Aguilar (1) – 16 de febrero 2021
Desde el Movimiento hacia un Estado Laico denuncian que un Gobierno que defiende el Laicismo «no puede por más tiempo mantener este escándalo monumental oculto»
Interior de la Mezquita de Córdoba, uno de los principales bienes inmatriculados por la Iglesia. EMARIN IZQUIERDO / Licencia CC BY-SA 3.0
Hace escasos días recibíamos la noticia de que el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en nuestro país entre los años 1998 y 2015, había sido remitido a la mesa del Congreso. Tras dos años de obrar en poder del Gobierno de España, finalmente se iba a poner a disposición de los representantes de la soberanía nacional e iba a ser posible su público conocimiento.
La clausura del Patio de los Naranjos solo se entiende como una privatización a favor de quién ostenta desde entonces su rumbo: la jerarquía católica sevillana.
Patio de los Naranjos – Jaime Jover
“Todo esto va ligado a la historia personal de cada uno. La familia de mi madre vivía cerca de la Catedral. Yo, desde muy pequeño, jugaba en el Patio de los Naranjos, que me ha cabreado mucho que los curas lo hayan cerrado, porque los niños jugábamos allí, y había pocas plazas.”
El testimonio es de una de las primeras personas que entrevisté hace unos años para mi tesis doctoral. No le preguntaba por el Patio de los Naranjos, sino qué significaba para él la ciudad histórica de Sevilla. En realidad, su respuesta es aplicable a todo tipo de barrios, tanto del centro como de las periferias. Lo que significa la ciudad es en gran medida lo que cada persona ha vivido; está determinado por los sitios donde habitamos y desarrollamos nuestra vida.
Desde 1946, la iglesia católica ha venido inscribiendo en el registro de la propiedad bienes inmuebles, sin aportar título de propiedad alguno, con una mera autocertificación eclesiástica.
Hace unos pocos años, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no nos decía la verdad en sede parlamentaria, cuando afirmaba que el asunto de las inmatriculaciones de la iglesia no era tema de su competencia; falso: los registros de la propiedad dependen directamente del Ministerio de Justicia. Tampoco nos decía la verdad cuando afirmaba que no disponía de información acerca de las inmatriculaciones realizadas; falso: se ha comprobado posteriormente que los registradores habían remitido esa información al citado ministerio.
Hace poco menos de dos años, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconocía que sí se disponía de la información remitida por los registradores de la propiedad. Poco después prometía a los ciudadanos que, en breve, se haría pública dicha información.
Seguimos esperando.
El presidente del Principado, Adrián Barbón y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes en la Investidura – Tomás Mugueta
El marco normativo de las inmatriculaciones es específicamente franquista. Por ello, es una peculiaridad española que no encuentra parecido en ningún otro país. Este es el respaldo que utiliza la Iglesia católica para defender la legalidad de sus apropiaciones.
Inmatricular es inscribir por vez primera un bien inmueble en el Registro de la Propiedad. Pero, sobre todo, ha sido el procedimiento a través del cual la Iglesia católica se ha apropiado de decenas de miles de bienes de valor incalculable.
La reforma de la Ley Hipotecaria (Decreto de 8/2/1946) equipara la Iglesia católica al propio Estado (art. 206) y el artículo 304 del Reglamento de 1947 establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos. Esta normativa franquista convierte a la Iglesia católica en administración pública y a los obispos en notarios. “Inmatriculo este bien porque yo mismo digo que es mío, porque me pertenece desde tiempo inmemorial”. Con eso bastaba; no era necesario acreditar de manera alguna la propiedad de lo inmatriculado.
Con considerable retraso, pero con firmeza, nuestros hermanos vascongados se han dado cuenta por fin de que el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia no era una cosa que afectaba sólo a los navarros, sino también a ellos y a todo el estado español. La información que conseguimos hace ocho años en Navarra sobre lo apropiado por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, recientemente derogado por inmoral y (aunque no lo reconozcan) por inconstitucional, supuso el inicio de un gran movimiento municipalista y ciudadano de respuesta, que al final se ha extendido a otras comunidades, creándose nuevas plataformas y recibiendo apoyos tanto de grupos laicos como de cristianos consecuentes.
No merece llamarse democracia el sistema político que no democratiza su sistema económico. Que no socializa toda su riqueza mediante una fiscalidad universal y progresiva. Que ampara exenciones injustas y paraísos fiscales dentro de su propio Estado. Todos somos ciudadanos porque todos estamos sujetos al deber de declarar y tributar, pagando más quien más tenga. Ése fue el grito de los revolucionarios norteamericanos contra los colonizadores británicos: “no taxation without representation”.
La Dirección General del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, en una resolución del pasado 5 de mayo decidió no admitir la denuncia de un particular contra la “usurpación” que suponía la inscripción por la Iglesia de la Mezquita de Córdoba. Ello supone una renuncia del Estado a disputar la titularidad de este monumento nacional a la Iglesia católica. Este caso del que recientemente se han hecho eco varios medios de comunicación, es el más emblemático de una cuestión que data de hace más de una década. En 1998 una modificación en el Reglamento Hipotecario permitió la entrada en el Registro de bienes que, con anterioridad, estaban exceptuados de la inscripción, como era el caso de los templos destinados al culto católico. La Iglesia española desde entonces se ha afanado en inscribir a su nombre varios miles de inmuebles, valiéndose, y aquí radica el problema, de un medio extraordinario previsto en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria en su redacción de 1946.
Ni siquiera sabía lo que significa “inmatricular”, pero la Iglesia católica me lo ha enseñado en los últimos años. Significa registrar por primera vez algún bien en el registro de propiedad, y es lo que han hecho y siguen haciendo muchos obispos –el arzobispo de Pamplona a la cabeza–, al amparo de una ley franquista de 1946 ampliada con una cláusula introducida ad hoc por un Gobierno de Aznar en 1998.
Es muy fácil: basta que un obispo cualquiera, con los atributos de “fedatario” o notario que la mencionada ley le reconoce, acuda al registro de propiedad –con mucho sigilo, eso sí– y declare: “Esta catedral y esas iglesias, este palacio y aquellas casas curales con sus fincas, y aquel cementerio e incluso el frontón… declaro que todo eso es propiedad de la Iglesia”. Y no hay más que decir. Y el registrador lo registrará. Y si algún colectivo de la ciudad o del pueblo, enterado del fraude eclesiástico, fuera a reclamar la propiedad inmatriculada, le dirán: “Lo inscrito inscrito está”, como dijo Pilato. Y no les quedará más que recurrir a los tribunales, pero no lo tendrán fácil, pues la ley es la ley, aunque venga de Franco.
He ahí nuestra Iglesia, la que predica a Jesús. Pero ¿puede una Iglesia que inmatricula ser Iglesia de Jesús? Siento decirlo, pero lo digo rotundamente: Jesús no la reconocería como suya ni se reconocería en ella. Una Iglesia que se apropia de todo lo que usa o usó en el pasado no es Iglesia de Jesús, que dijo: “No llevéis oro, ni plata ni dinero en el bolsillo; ni zurrón para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni cayado”.
Una Iglesia que se adueña de lo que algún rey le donó –¿quién era el rey para donárselo?– o de lo que el pueblo entero construyó cuando todo el pueblo era cristiano, de buena o de mala gana; una Iglesia que se apropia de los bienes de los pobres para especular con ellos o vendérselos a algún especulador no es Iglesia de Jesús, que expulsó a los mercaderes del templo y que dijo:“Gratis lo recibisteis, dadlo gratis”.
