La Iglesia Católica, con su dualidad como actor estatal extranjero, representado por la Santa Sede, y como actor empresarial privado, funcionalmente equiparable a una multinacional, constituye un fenómeno único que plantea profundas tensiones en la soberanía estatal, la equidad fiscal y la justicia social en España. Sea que se analice desde el prisma del Derecho Internacional Público o del Derecho Internacional Privado, el impacto de la Iglesia desborda las competencias soberanas del Estado español, mientras despoja a la ciudadanía de bienes patrimoniales mediante mecanismos jurídicos cuestionables y éticamente reprochables.
Plataforma catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats / 5 de novembre de 2024
Un poder desorbitado: La Iglesia como un actor que excede el control estatal
Desde la perspectiva de un actor estatal extranjero, la Iglesia Católica, a través de la Santa Sede y el Estado Vaticano, se erige como una autoridad que regula sus propias instituciones, como diócesis y parroquias, según un ordenamiento jurídico ajeno al español: el Derecho Canónico. Este ordenamiento no solo establece la jerarquía interna y las decisiones doctrinales, sino que también regula aspectos administrativos y financieros de las entidades eclesiásticas, subordinándolas al control vertical de un Estado extranjero.
