La Primera Llamada del Día con Andrés Valentín
Andrés Valentín, vicepresidente de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, valora la investigación que ha iniciado el Gobierno de Navarra sobre las inmatriculaciones de la iglesia.
Lo que ha hecho la Iglesia Católica con las inmatriculaciones es un claro abuso de derecho.
Nuevatribuna
Ximo Estal Lizondo, Nuevatribuna / 1 de mayo de 2025
Acaban de llegar a mis manos dos documentos: uno es el mapa de los 15.000 pisos, fincas y aparcamientos que la Iglesia sumó a su patrimonio por toda España con las inmatriculaciones, y el otro, la primera parte de un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998, en virtud de certificación del diocesano respectivo, realizado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El pasado 25 de marzo se celebró en la Facultad de derecho de la Universidad de Barcelona el XXI Seminario Transversal de Análisis Crítico del Control Social, centrado este año en los conflictos y mecanismos de control social vinculados a las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica.
Recogemos a continuación la transcripción de la intervención de Joan Casajoana de la Unió de Pagesos de Catalunya y de la Coordinadora estatal RECUPERANDO:
¿Quién creo los bienes de dominio público, históricos y culturales de los pueblos y ciudades de Catalunya? (Iglesias, casas rectorales y cementerios)
A partir de experiencias de lucha de Unió de Pagesos de Catalunya en la recuperación de cuatro bienes inmatriculados por la iglesia a nivel local en dos municipios. Bienes recuperados por la anulación por parte del Obispado de VIC de las inmatriculaciones porque reconoció el error. Y otros bienes que estamos en vías de recuperación. Explicaré desde esta experiencia, la convicción y certeza de quién creó los bienes de dominio público, históricos y culturales de los pueblos y ciudades de Cataluña: (Las Iglesias, casas rectorales y cementerios).
La nulidad insubsanable y de pleno derecho de las denominadas “certificaciones eclesiásticas” como documentos válidos para promover asientos registrales de propiedad privada
Uno de los mayores escándalos jurídicos de los últimos años ha sido la comprobación de que la Iglesia Católica utilizó el sistema de las denominadas certificaciones eclesiásticas no sólo para apropiarse de bienes sin culto, sino también de bienes de culto.
Los bienes sin culto son aquellos que, a pesar de haber sido tradicionalmente asociados a la Iglesia, no están destinados a usos litúrgicos ni religiosos. Muchos de estos inmuebles han sido gestionados por la comunidad o por las administraciones públicas, pero han sido registrados por la Iglesia sin acreditar su propiedad con documentos válidos.
Los bienes de culto son aquellos espacios o inmuebles destinados históricamente a la práctica religiosa, ya sean iglesias, catedrales, ermitas, conventos o monasterios. Estos bienes, según el derecho histórico y la tradición jurídica, han sido considerados como bienes públicos fuera del comercio (extra commercium), ya que servían no sólo para la liturgia religiosa, sino también como espacios colectivos y culturales de la comunidad.
Plataforma catalana per a la Recuperació dels Béns Immatriculats per l’Església , 1 abril de 2025
La nul·litat inesmenable i de ple dret de les denominades “certificacions eclesiàstiques” com a documents vàlids per promoure assentaments registrals de propietat privada.
Un dels majors escàndols jurídics dels darrers anys ha estat la comprovació que l’Església Catòlica va utilitzar el sistema de les denominades certificacions eclesiàstiques no només per apropiar-se de béns sense culte, sinó també de béns de culte.
Els béns sense culte són aquells que, tot i haver estat tradicionalment associats a l’Església, no estan destinats a usos litúrgics ni religiosos. Molts d’aquests immobles han estat gestionats per la comunitat o per les administracions públiques, però han estat registrats per l’Església sense acreditar-ne la propietat amb documents vàlids.
Els béns de culte són aquells espais o immobles destinats històricament a la pràctica religiosa, ja siguin esglésies, catedrals, ermites, convents o monestirs. Aquests béns, segons el dret històric i la tradició jurídica, han estat considerats béns públics fora del comerç (extra commercium), ja que servien no només per a la litúrgia religiosa, sinó també com a espais col·lectius i culturals de la comunitat.
Plataforma catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats per l’Església, 1 d’abril de 2025
Los recursos y bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia son un patrimonio comunitario construido y mantenido colectivamente que debe permanecer y estar al servicio de la sociedad. El impacto de las inmatriculaciones de bienes inmuebles en favor de la Iglesia católica que se está perpetrando por medio de las denominadas certificaciones eclesiásticas, y su potencial consolidación, constituiría una significativa expoliación de patrimonio público que empobrecería radicalmente a la ciudadanía. Pero además, este despojo tiene enormes implicaciones económicas, gracias a los privilegios fiscales que disfruta, y las particularidades que tiene su tratamiento jurídico institucional.
Plataforma catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats per l’Església / 7 enero 2025
En efecto, la Iglesia Católica, según su estructura organizativa establecida en el Derecho Canónico, opera con características que la asemejan a una empresa multinacional altamente centralizada, dirigida desde la Santa Sede como casa matriz. Este control vertical se extiende hacia las diócesis, parroquias y congregaciones religiosas, consideradas en el derecho español como personas jurídicas independientes, pero que en la práctica responden jerárquicamente a un centro de poder extranjero. Este modelo organizativo permite a la Iglesia Católica gozar de privilegios fiscales y administrativos que desbordan la normativa reguladora del Estado español, planteando serias implicaciones sobre el control estatal, la soberanía normativa y la libre competencia.
La relación intrínseca entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, junto con su influencia directa sobre diócesis y parroquias en estados como el español, plantea una problemática sustancial desde la perspectiva del Derecho Internacional Público y el principio de soberanía estatal. Aunque la presencia y actuación de la Iglesia Católica en España están reguladas por los Acuerdos de 1979, derivados del Concordato de 1953, resulta fundamental cuestionar si la Iglesia Católica, a través de sus diócesis y parroquias, actúa de facto como una proyección del Estado Vaticano en los asuntos internos de un tercer Estado.
Plataforma catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats / 3 diciembre 2024
Esta situación, que puede interpretarse como una forma de injerencia externa, se ve agravada por el uso de las denominadas certificaciones eclesiásticas, un mecanismo que ha permitido a entidades bajo el control jerárquico de la Santa Sede registrar bienes inmuebles como propios, incluso cuando dichos bienes forman parte del patrimonio público o privado en España.
La Iglesia Católica, con su dualidad como actor estatal extranjero, representado por la Santa Sede, y como actor empresarial privado, funcionalmente equiparable a una multinacional, constituye un fenómeno único que plantea profundas tensiones en la soberanía estatal, la equidad fiscal y la justicia social en España. Sea que se analice desde el prisma del Derecho Internacional Público o del Derecho Internacional Privado, el impacto de la Iglesia desborda las competencias soberanas del Estado español, mientras despoja a la ciudadanía de bienes patrimoniales mediante mecanismos jurídicos cuestionables y éticamente reprochables.
Plataforma catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats / 5 de novembre de 2024
Un poder desorbitado: La Iglesia como un actor que excede el control estatal
Desde la perspectiva de un actor estatal extranjero, la Iglesia Católica, a través de la Santa Sede y el Estado Vaticano, se erige como una autoridad que regula sus propias instituciones, como diócesis y parroquias, según un ordenamiento jurídico ajeno al español: el Derecho Canónico. Este ordenamiento no solo establece la jerarquía interna y las decisiones doctrinales, sino que también regula aspectos administrativos y financieros de las entidades eclesiásticas, subordinándolas al control vertical de un Estado extranjero.
Que España somos todos, dicen los mismos que permiten privilegios.
Nadie quiere impedir a la Iglesia seguir realizando su culto, sino que se reclama la recuperación de lo expoliado y también con ello impedir la venta de bienes del común.
Rafael Sanmartin, defensapatrimoniosevilla.org / lavozdelsur.es / 17 octubre 2024
Así que la Iglesia Católica, es decir, sus ministros, que los fieles no se han movido de los bancos que sepamos, los prelados de cada diócesis o archidiócesis, han puesto a su nombre más de cien mil bienes, tanto eclesiásticos como civiles. Esos bienes, catedrales, mezquitas, iglesias, capillas, ermitas, conventos, casas de vecinos, cementerios, calles y plazas, eran Bienes del Común. Bienes del común son aquellos bienes que por cualquier razón de origen —normalmente una donación, o bien una construcción llevada a cabo con medios de la mayoría de los vecinos, por ejemplo mano de obra y/o aportación de materiales o dinero—, como son el caso, por ejemplo, del gran prado de la ciudad (en la actualidad Santa Justa y San Sebastián).
En el ámbito jurídico, un indicio es un hecho o conjunto de hechos objetivos y verificables que, aunque por sí mismos no constituyen una prueba concluyente, permiten inferir racionalmente la existencia de otro hecho o situación jurídica relevante.
Plataforma catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats / 3 septiembre 2024
Así, el indicio es un dato objetivo que, aunque no constituye prueba plena, tiene suficiente entidad para generar sospechas razonables que justifican la apertura de una investigación o la adopción de medidas administrativas o judiciales.
En el derecho administrativo y penal, los indicios son elementos suficientes para justificar el inicio de una investigación cuando apuntan a la posible existencia de una irregularidad, infracción o situación ilegal.