Si el Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo sobre los bienes inmatriculados, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Y si ese acuerdo no existe, resulta inaceptable presentarlo como un logro histórico.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha incluido entre los supuestos “acuerdos históricos” entre el Gobierno y la Iglesia católica uno “vinculado a los bienes inmatriculados”. La referencia aparece en la nota oficial(1) sobre la reunión de coordinación Estado-Iglesia con motivo de la visita del papa León XIV a España, junto a otros asuntos como Cuelgamuros, los abusos sexuales o determinados beneficios fiscales de la Iglesia.
José María Rosell Tous | Coordinadora RECUPERANDO
La afirmación no solo sorprende: desconcierta. Porque, en realidad, poco o nada se ha avanzado en esta materia desde que, en 2017, el Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, impulsara una Proposición no de Ley cuyo mandato era inequívoco. Su texto decía literalmente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, elabore un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, y proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.»
El mandato parlamentario era cristalino y tenía dos ideas esenciales: conocer y reclamar. Primero, conocer con detalle qué bienes habían sido inmatriculados. Después, reclamar aquellos inscritos sin título material suficiente o aquellos que nunca debieron ser apropiables por su carácter público, comunal o histórico. Convertir ese mandato en la mera publicación de un listado deficiente no es cumplirlo: es vaciarlo de sentido.
¿Qué se ha hecho desde entonces? Muy poco. O, más exactamente, casi nada.
Primero, se publicó un listado tarde y mal. El inventario de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 no se conoció hasta febrero de 2021, es decir, con años de retraso respecto al “plazo improrrogable de seis meses” que fijaba la PNL. Por otra parte, quedaba fuera todo lo inmatriculado con anterioridad, precisamente la parte más voluminosa del problema. Pero no solo eso: incluso dentro del periodo incluido, una parte muy importante de los bienes ni siquiera puede identificarse con claridad.
Segundo, la información decisiva sigue oculta. El Gobierno continúa negando a la ciudadanía y a los propios diputados los datos necesarios para identificar de manera precisa esos bienes. Esa información existe, obra en poder de este Gobierno y ha sido solicitada reiteradamente por RECUPERANDO y por distintos grupos parlamentarios. La respuesta, una y otra vez, ha consistido en evasivas, silencios o negativas directas.
Tercero, ni siquiera se ha aclarado el alcance de las anomalías ya reconocidas. La propia Conferencia Episcopal admitió que alrededor de un millar de los bienes incluidos en el listado no le pertenecían. Pero, a estas alturas, sigue sin conocerse cuál es la situación registral concreta de esos bienes ni qué medidas se han adoptado para corregir esa irregularidad.
Cuarto, nada se sabe de lo sucedido entre 1946 y 1998, que constituye la gran mayoría desconocida de lo inmatriculado. Sobre ese periodo, sencillamente, reina la oscuridad. No consta que el Gobierno haya desarrollado una actuación seria para conocer el alcance real de esas inmatriculaciones, identificarlas una por una y poner la información a disposición pública.
Y quinto, no se ha reclamado nada. No consta actuación efectiva alguna dirigida a recuperar bienes inmatriculados sin título material y previo bastante, ni aquellos que no eran susceptibles de propiedad privada por ser de dominio público. Justo lo que la PNL ordenaba hacer.
Este es el balance real. No se ha cumplido el mandato parlamentario ni en su letra ni en su espíritu. Porque la lógica de aquella proposición era muy clara: conocer para poder recuperar. Y hoy apenas se conoce una parte del problema, mientras no se ha recuperado nada.
Por eso la pregunta es obligada: ¿de qué “consenso” sobre las inmatriculaciones habla el Gobierno? Si existe un acuerdo entre el Ejecutivo y la jerarquía católica sobre los bienes inscritos a nombre de la Iglesia mediante certificación eclesiástica, ese acuerdo debe hacerse público. La ciudadanía tiene derecho a conocer su contenido, su alcance y sus consecuencias.
Y si tal acuerdo no existe, entonces resulta políticamente inaceptable presentarlo como un éxito consumado. Se trataría, simplemente, de una inaceptable trasferencia a manos privadas de gran parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, además de otros bienes de todo tipo.
Notas:
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José María Rosell Tous
Coordinadora RECUPERANDO
26 mayo 2026