El PSN-PSOE impulsa una moción para avanzar en la anulación de las leyes que permitieron a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes que pertenecen al conjunto de la ciudadanía. El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, afirma que las inmatriculaciones constituyen “un expolio organizado, amparado por normas claramente injustas”.
Alzórriz sostiene que la Iglesia “incumple de forma evidente mandamientos tan básicos como no robar ni codiciar los bienes ajenos” y recuerda que este proceso se produce “con premeditación, alevosía y ayuda política, aunque no divina”. En este sentido, señala que “la multinacional católica inmatricula más de 35.000 inmuebles solo después de 1998, y más de 100.000 desde la ley franquista de 1946”.
Solicita con el rechazo de UPN, PP y Vox al Gobierno de España «la creación de un procedimiento estatal de revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente».
Concentración frente al Congreso de la plataforma Recuperando. Archivo | Europa Press
El Parlamento de Navarra aprobó este jueves con el apoyo de Bildu y Geroa Bai una moción del PSN (UPN, PP y Vox votaron en contra) en la que, entre otros puntos, se «insta al Congreso de los Diputados a aprobar las reformas legislativas necesarias para declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones [inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad] realizadas al amparo» de la normativa hipotecaria, que permitió a los obispados durante años mediante la mera certificación de la diócesis, inscribir decenas de miles de bienes. En el año 2015, una reforma de la ley acabó con esta manera de acceder a la propiedad.
Navarra es la Comunidad que más y mejor ha trabajado, según expone a Público la plataforma ciudadana Recuperando, en la dirección de recuperar los bienes que consideran que la Iglesia obtuvo a pesar de que se trataba entre otros de bienes comunales pertenecientes a los municipios. La Consejería de Desarrollo Rural ha identificado documentalmente casi 300 bienes comunales inmatriculados por el Arzobispado de Pamplonahttps://www.publico.es/sociedad/navarra-destapa-mayor-inmatriculacion-episcopal-bienes-publicos-espana.html y calcula que la cifra final de estos bienes inscritos por el Arzobispado puede superar los 1.700.
Hoy, 5 de febrero de 2006, se ha debatido en el Parlamento Nararro una moción por la que se «insta al Gobierno de España a la anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia Católica».
Parlamento de Navarra | Archivo
La moción ha sido presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Navarra:
Instar al Gobierno de España a promover una ley que declare la nulidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde la entrada en vigor de la CE y, solamente para la Iglesia católica, con su consecuente artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, así como de cualquier otro precepto concordante, que permitieron la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica mediante certificación eclesiástica administrativa.
Instar al Congreso de los Diputados/as a aprobar las reformas legislativas necesarias para declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones realizadas al amparo de dicha normativa inconstitucional.
Solicitar al Gobierno de España la creación de un procedimiento estatal de revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, con la participación de las comunidades autónomas y entidades locales y, en su caso, revertir la situación o reparar los daños y perjuicios.
Reclamar la ampliación, depuración y publicidad completa del listado de bienes inmatriculados, así como su correcta identificación registral, por la Iglesia católica desde 1946 hasta la actualidad.
Dar traslado de esta moción al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a la Federación de Municipios y Concejos (FNMC), y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Ha contado con una emmienda de adición presentada de manera conjunta por Geroa Bai, EH Bildu y Contigo/Zurekin, del siguiente punto:
6. Atendiendo al trabajo que se está desarrollando en Navarra en la revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, el Parlamento de Navarra insta a las Cortes Generales y al Gobierno de España a trabajar con el resto de las administraciones y junto con la sociedad civil a trabajar en la recuperación los bienes inmatriculados ilegítimamente por parte de la iglesia católica en
el conjunto del Estado.
La intervención en defensa de la moción corrió a cargo de Ramón Alcórriz (PSN) y la intervención explicando la enmienta adicional conjunta presentada la hizo Blanca Regúlez (Geroa Bai). Continuaron los distintos grupos parlamentarios intervinientes: Irati Jiménez (EH Bildu), Mikel Garrido (Contigo-Zurekin), Juan Luis Sáncez de Muruain (UPN), Irene Royo (PP) y Emilio Jiménez (Gupo Mixto). A continuación el vídeo completo con las intervenciones:
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la cual, entre otros asuntos, tramitará una moción del PSN por la que la Cámara foral «manifiesta su firme apoyo a la revalorización de las pensiones propuesta por el Gobierno de España como garantía imprescindible del mantenimiento del poder adquisitivo de las y los pensionistas».
Los socialistas han presentado otra moción que insta al Gobierno central a la «anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia católica»; UPN quiere instar al Gobierno de Navarra a iniciar los trámites para traspasar la competencia en materia de expedición, tramitación y gestión del carné de conducir, «incluida la realización de los exámenes de tráfico y, con ello, el traspaso de los examinadores»; y el PPN quieren reclamar el Ejecutivo foral el impulso de un plan integral para «atraer y retener talento». Vox, a su vez, quiere que el Gobierno de Navarra publique en el Portal de Transparencia los datos sobre «el número y origen» de los detenidos en Navarra por la Policía Foral.
En Navarra, hablar de comunales no es un ejercicio de nostalgia ni un gesto simbólico hacia el pasado. Es hablar de presente y, sobre todo, de futuro. Los bienes comunales forman parte de nuestra identidad colectiva y han sido durante siglos una garantía de uso equitativo de la tierra, cohesión social y sostenibilidad para nuestros pueblos. Defenderlos no es una opción ideológica ni una batalla cultural: es una obligación democrática.
La cuestión de las inmatriculaciones tiene un origen político y jurídico que no conviene ocultar. La Ley Hipotecaria de 1946, aprobada por el régimen franquista, permitió a la Iglesia católica inscribir bienes en el Registro de la Propiedad sin aportar título acreditativo, mediante una simple certificación eclesiástica. Un privilegio propio de un Estado confesional y carente de controles democráticos. Lejos de corregirse con la llegada de la democracia, ese privilegio se mantuvo durante décadas y fue ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar (PP), al permitir también la inmatriculación de templos de culto. La derogación de este mecanismo en 2015 llegó tarde y sin efectos retroactivos, dejando intactas todas las inmatriculaciones previas. Se cerró la puerta, sí, pero se dejó todo dentro. El daño ya estaba hecho.
El pasado 20 de enero la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro presentó en el Centro social y cultural Plazara de Pamplona/Iruña el libro «Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Robo organizado».
Cartel anunciador
El libro, que ha contado con una subvención del departamentode Cultura del Gobierno de Navarra, en una colaboración de varios autores, recoge diversos aspectos que ofrecen una visión múltiple: histórica, jurídica, cultural, de movilización ciudadana… de lo que han supuesto las inmatriculaciones de la Iglesia Católica.
Índice:
Introducción: Sobre las inmatriculacionesde la Iglesia Católica
Historia de la Plataforma
Aintzinsolasa
La obsesión inmobiliaria de los obispos españoles: entre la lógica del mercado y el bien común | Joseba de la Torre Campo
Inmatriculaciones de la Iglesia Católica: una cuestión de estado | Antonio Manuel Rodríguez Ramos
El Santuario de Uxue fue siempre de patronazgo real. Desde el año 2006 está inscrito a nombre del obispado | Mikel Burgui
El “aparroquiamiento” de la inmatriculación | Julio Urdin Elizaga
Inmatrikulazioak sakanan |\ José Luis Erdozia Mauleon
La Mezquita de Córdoba, usurpación patrimonial | Miguel Santiago Losada
Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica por la vía de hecho, al margen del derecho | Jesús Martín Correa
La lucha por la recuperación de los bienes inmatriculados, otro componente de la lucha por la recuperación de la memoria | Andrés Valentín González
“Mi reino no es de este mundo” | Ramón Andrés Contreras López
Topares: un minúsculo caso que explica un monumental expolio | Aristóteles Moreno Villafaina
El laicismo y el patrimonio histórico de raíz religiosa | Antonio Gómez Movellán
Fragmentos: de la presentación y de las intervenciones del debate posterior.
En la mesa, algunos de los autores: Ramón Contreras López, Joseba de la Torres Campo, Jesús Martín Correa y Andrés Valentín González
PamplonaLa Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) se marca como principales retos para 2026 las medidas en materia de vivienda, acompañando a las entidades locales ante «cambios normativos relevantes» en este ámbito, continuar con la investigación de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia y que la futura ley de Despoblación cuente con las medidas propuestas «desde el territorio».
Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, en un desayuno informativo con medios de comunicación en el que ha repasado los hitos de 2025 y ha adelantado las líneas generales de la entidad para el presente año. El presidente ha resumido 2025 en un papel de «escuchar al territorio, defender lo que es de todas y todos, y avanzar en el equilibrio territorial y la igualdad». Y ha destacado que 2026 es un «año importante en el que vamos a defender los intereses del ámbito local» con un acompañamiento «cercano v útil» a todas las entidades locales, «sean grandes o pequeñas, urbanas o rurales».
El libro Las inmatriculaciones de la Iglesia católica, robo organizado, que se presenta este martes en Pamplona de la mano de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, reúne once artículos que abordan desde distintos enfoques históricos, jurídicos y sociales el proceso por el que la Iglesia inscribió a su nombre miles de bienes en todo el Estado durante décadas.
El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, anuncia más recursos y respaldo a las entidades locales para reclamar judicialmente los comunales
José Mari Aierdi, en el pleno de este jueves en el Parlamento de Navarra. Unai Beroiz
El Gobierno de Navarra asume que la investigación sobre los bienes comunales inmatriculados por la Iglesia católica será un proceso largo y complejo que se extenderá durante los próximos años. Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, en el pleno del Parlamento foral, donde ha defendido que el trabajo realizado hasta ahora “no es más que el inicio del camino” y que será necesario reforzar los medios económicos y humanos para avanzar en la clarificación de la titularidad de cerca de un millar de bienes.
Aierdi ha explicado con detalle que esta actuación tiene su origen en una resolución parlamentaria aprobada en 2021, que instó al Ejecutivo a elaborar un inventario de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde finales del siglo XIX. Ese primer listado, ha precisado, incluía todos los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad, con independencia de que fueran comunales o no, lo que obligó a poner en marcha una segunda fase de análisis “mucho más minuciosa y laboriosa”. Se trataba, según ha indicado, de depurar la información, estudiar cada caso y determinar si existían indicios suficientes de que determinados inmuebles formaban parte históricamente del patrimonio comunal.
