Sobre cómo el Gobierno de Illa pasa de no investigar las inmatriculaciones a financiarlas con dinero público en nombre de la crisis de la vivienda
Original en catalalán [enlace anterior] – Traducción de Asturias Laica
La necesidad de vivienda social es hoy una de las principales emergencias del país, y cualquier política orientada a garantizar ese derecho merece, de entrada, reconocimiento y compromiso. Precisamente por eso, analizar críticamente las medidas que se presentan en su nombre es un ejercicio delicado, a menudo incómodo, pero necesario: porque no todo lo que se articula bajo la etiqueta de vivienda social contribuye, de forma efectiva, a reforzar el interés general ni la mayor disponibilidad de vivienda para quien lo necesita.
En este sentido, las declaraciones recientes de la Secretaría de Vivienda de la Generalidad de Cataluña, Lídia Guillén Simón, en defensa de lo que llama un acuerdo histórico entre el Gobierno de la Generalidad y la Iglesia Católica en Cataluña para la cesión de inmuebles destinados a vivienda social, no son una intervención más en el debate público: fijan marco a las políticas y legitiman. Por eso es relevante partir de la posición y el discurso de quien las formula.
La figura de Lídia Guillén Simón, en tanto que responsable directa del diseño e impulso de estas políticas, no es sólo descriptiva sino central para entender el alcance y las implicaciones de este acuerdo con la Iglesia Católica. Es desde este punto de partida institucional -y desde sus propias declaraciones- que es necesario analizar qué se está construyendo realmente.
Lídia Guillén Simón es la actual secretaria de Vivienda de la Generalidad de Cataluña, nombrada por el Gobierno de Salvador Illa en agosto de 2024. Está integrada en el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, bajo la dirección de la consejera Sílvia Paneque. Como profesional es licenciada en Arquitectura Superior por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). También tiene un posgrado en Desarrollo Directivo (UPC) y un máster en Bioconstrucción y Técnicas de medición ambiental. Antes de su cargo actual, era la gerente de la Sociedad Municipal de Vivienda de Terrassa. Anteriormente, había ejercido como arquitecta en los ayuntamientos de Barcelona y de Sant Pere de Riudebitlles. Como secretaria de Vivienda, también es la titular de la Secretaría de Vivienda y vicepresidenta de la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda de Catalunya (GHS).
Desde su cargo actual en el Gobierno de Cataluña, es la persona que lidera el diseño, la planificación territorial y el impulso de las políticas públicas para ampliar la oferta de vivienda social y asequible. Ha defendido públicamente la vivienda como pilar de cohesión social y apuesta por la colaboración entre el sector público y los propietarios privados. En este marco, Lídia Guillén Simón ha sido una figura clave en la gestión y defensa del acuerdo entre el Gobierno de la Generalidad y la Iglesia Católica en Cataluña para la cesión de inmuebles destinados a vivienda social.
Los puntos principales de lo comunicado sobre este acuerdo son muy elocuentes de su carácter histórico:
- Tipo de inmuebles: El acuerdo prevé la cesión de seminarios en desuso, rectorías, antiguos conventos y edificios parroquiales infrautilizados para transformarlos en pisos de alquiler asequible.
- Titularidad: Las diócesis mantendrán la “propiedad” de los bienes, pero cederán su uso a la Generalitat por un período inicial (normalmente de cuatro años prorrogables).
- Rehabilitación: El Gobierno se compromete a financiar y ejecutar las obras necesarias para adecuar estos espacios, puesto que muchos de ellos se encontrarían actualmente en mal estado.
- Objetivo social: La medida buscaría dar una “respuesta inmediata” a familias en situación de vulnerabilidad y aumentar el parque de vivienda pública sin tener que construir cero en zonas ya consolidadas.
Por último, Lídia Guillén ha calificado este tipo de alianzas como un ejemplo de la colaboración público-privado (o público-institucional) necesaria para garantizar el derecho a la vivienda como «pilar de cohesión social». Y ha dicho que esta estrategia forma parte de un plan más amplio que incluye la cesión de otros activos (de la iglesia y de otros privados) para alcanzar objetivos como la construcción de miles de viviendas protegidas en esta legislatura.
La posición de Lídia Guillén Simón en relación al acuerdo con la Iglesia Católica presenta varios puntos críticos desde una perspectiva de política pública, derecho patrimonial y coherencia institucional.
En primer lugar, existe una evidente tensión entre el discurso jurídico sostenido por diferentes instancias públicas —según el cual las inmatriculaciones basadas en certificación eclesiástica pueden carecer de título material suficiente— y la práctica administrativa que, de facto, reconoce estas titularidades mediante acuerdos de cesión. Aceptar el uso de estos bienes sin una previa verificación exhaustiva de su titularidad implica consolidar situaciones jurídicas potencialmente viciadas. Esto no es neutral: supone una forma de validación indirecta de un mecanismo (la inmatriculación eclesiástica) que ha sido cuestionado ampliamente doctrinal y socialmente. Sin embargo, en ningún momento se ha querido mencionar que no se podrán recibir bienes inmatriculados a instancia de la declaración unilaterales de los obispos sin un título válido en derecho que acredite el modo de adquisición del dominio. Y no se hace, porque seguramente será casi la totalidad de los bienes cedidos.
En segundo lugar, el argumento de eficiencia -“no empezar de cero”- es técnicamente débil si no se contrasta con un análisis comparativo riguroso. Rehabilitar patrimonio ajeno con inversión pública, manteniendo su propiedad en manos privadas, puede generar un retorno social inmediato, pero también consolida un modelo de transferencia de valor público hacia patrimonios privados. Sin un completo estudio económico (coste de oportunidad, vida útil de la inversión, régimen de reversión, alternativas dentro del parque público existente), esta opción no puede considerarse óptima por defecto.
En tercer lugar, la falta de recursos «para investigar titularidades» (como ha informado la Generalitat de Catalunya cuando fue requerido para que investigue el expolio inmatriculador de patrimonio público por parte de la iglesia durante 70 años) contrasta con la disponibilidad de recursos para financiar rehabilitaciones a menudo millonarias. Esto apunta a una priorización política del todo discutible: se renuncia a clarificar la naturaleza jurídica de los bienes -que podría derivar en su incorporación al dominio público en favor de la gente sin vivienda- mientras se asume gasto para adecuarlos en beneficio de un titular privado vinculado y controlado por un estado extranjero como la Santa Sede-Estado del vaticano. Desde un punto de vista de buena administración (art. 103 CE y principios de gestión eficiente), esta asimetría es difícilmente justificable.
En cuarto lugar, el modelo de cesión temporal (4 años prorrogables o 30 años) introduce una inestabilidad estructural en el parque de vivienda social generado. La Generalitat asume el coste de rehabilitación pero no consolida patrimonio propio. Esto debilita la construcción de un parque público estructural y perpetúa la dependencia de terceros. En términos de política de vivienda, esto es contrario a las habituales recomendaciones de consolidación de parque público permanente.
En quinto lugar, existe una cuestión de coherencia con la función social del patrimonio. Si muchos de estos bienes han sido históricamente construidos, mantenidos y vinculados a usos comunitarios o incluso a posibles situaciones de dominio público o comunal, su instrumentalización como activos privados en un esquema de colaboración público-privada supone una desposesión simbólica y material. Especialmente problemático es que esto se haga en nombre de la vivienda social, es decir, utilizando una necesidad estructural de la población para legitimar operaciones que pueden consolidar procesos previos de privatización.
Por último, desde un punto de vista de gobernanza, esta estrategia refuerza un modelo de política pública reactiva y oportunista (aprovechar disponibilidad de activos infrautilizados) en lugar de un modelo planificado basado en diagnosis territorial, inventario de bienes públicos disponibles y estrategias de recuperación patrimonial. Esto es especialmente relevante en un contexto como el catalán, donde la carencia de un inventario completo de bienes inmatriculados limita cualquier política patrimonial coherente.
En este sentido, es necesario profundizar en este círculo perverso de las inmatriculaciones de los obispos sin título de propiedad para “cederlas temporalmente” para vivienda social, siempre que se reparen con dinero público…
El Gobierno presenta como «acuerdo histórico» la cesión de inmuebles de la Iglesia para vivienda social. Y lo es de histórico, pero por razones opuestas a las mencionadas: lo que se pone en marcha no es sólo una política de emergencia, es la consolidación de un círculo jurídico y político profundamente vinculado a un expolio.
El círculo está claro -y grave-. Primero, bienes que históricamente han sido públicos o comunales, y por tanto fuera de comercio, son apropiados mediante una declaración unilateral de un obispo. Posteriormente, el sistema registral público convalida esta declaración y le otorga apariencia de verdad jurídica, sin contraste material del título. A continuación, las administraciones se niegan a hacer público un inventario completo de estos bienes -ni siquiera a instancias de entidades sociales- alegando carencia de recursos. Y por último, estas mismas administraciones aceptan en cesión estos inmuebles como si fueran legítimamente privados, invirtiendo dinero público para rehabilitarlos.
Éste es el núcleo del problema: se pasa de la posible apropiación indebida a su legitimación institucional, y de ahí a su financiación pública.
El acuerdo que defiende Lídia Guillén Simón es paradigmático de esta deriva. Se presenta como política social lo que, en realidad, consolida una transferencia de valor público hacia manos privadas. No se cuestiona la titularidad, no se depura el origen de los bienes, no se recupera patrimonio potencialmente público: se da por bueno y se invierte en él. Y todo ello bajo una justificación aparentemente incontestable: la urgente necesidad de vivienda social.
Pero ahí es donde la perversión se hace más evidente. Se utiliza una necesidad estructural –probablemente la principal emergencia social del país– para legitimar un modelo que refuerza la desposesión de bienes públicos que en parte ya pertenecen a gente necesitada de vivienda. Se rehabilitan edificios a menudo derribados o abandonados con dinero público, pero la propiedad sigue en manos de quienes nunca han acreditado el título con garantías. La administración paga, el privado conserva.
Esto no es una colaboración público-privada, ni mucho menos puede ser ejemplar. Es una entrega pública de bienes comunes a favor de un privado multinacional perteneciente a un estado extranjero.
Además, el proceso no es puntual. Se está generalizando. Muchos ayuntamientos pequeños, sin capacidad para litigar contra el aparato jurídico de la Iglesia -que a estos efectos sí actúa como un único sujeto fuerte y coordinado- optan por aceptar esta lógica. Y ahora el salto que se pretende es aún mayor: gobiernos autonómicos que institucionalizan este modelo, convirtiéndolo en política pública.
El resultado es una nueva fase del mismo proceso: Primero se permite la inscripción. Luego no se cuestiona. Luego se oculta (sin listados públicos completos, sin datos georeferenciados, sin transparencia sobre las entidades o personas jurídicas titulares). Luego no se revierte. Y por último, se legitima mediante acuerdos de cesión con la propia administración que implican inversión pública en beneficio privado.
Esta secuencia no sólo no resuelve el problema de la vivienda. Lo desplaza y, al mismo tiempo, consolida una arquitectura de desposesión de bienes públicos.
Si el objetivo fuera realmente ampliar el parque de vivienda disponible, la prioridad debería ser clara: identificar, auditar y recuperar bienes potencialmente públicos o comunales antes de destinar recursos a reforzar titularidades privadas que el propio estado ya han reconocido inconstitucionales y con inscripciones en el registro de la propiedad nulas de pleno derecho.
Lo que se presenta como solución rápida es, en realidad, una renuncia estructural. Y lo más grave: se hace en nombre del derecho a la vivienda.
La colaboración con actores privados con fines sociales -que puede ser legítima- no convalida las condiciones en que se produce: sin una depuración previa de la titularidad, con transferencia sostenida de valor público hacia manos privadas, sin consolidación efectiva del parque público y con una utilización instrumental de una necesidad social básica, se configura un escenario de vulneración grave de la ordenación, subordinado a la consolidación de intereses privados bajo una apariencia de finalidad social.
En este contexto, las declaraciones públicas que presentan estos acuerdos como paradigma de la colaboración público-privada redefine el propio papel de las instituciones gubernamentales implicadas. Lídia Guillén Simóni el Gobierno de Salvador Illa corren el riesgo de transformar la Secretaría de Vivienda en una instancia de convalidación institucional del expolio y de gestión pública de intereses privados, apenas revestida de una retórica social que, en lugar de revertir la desposesión del derecho a la vivienda, la consolida.
TEXTO ORIGINAL EN : Plataforma catalana para la Recuperación de los Bienes Inmatriculados
La Generalitat davant l’espoli de l’Església:
5 de maig de 2026 | Estudis i reflexions
Sobre com el Govern d’Illa passa de no investigar les immatriculacions a finançar-les amb diners públics en nom de la crisi de l’habitatge
La necessitat d’habitatge social és avui una de les principals emergències del país, i qualsevol política orientada a garantir aquest dret mereix, d’entrada, reconeixement i compromís. Precisament per això, analitzar críticament les mesures que es presenten en el seu nom és un exercici delicat, sovint incòmode, però necessari: perquè no tot el que s’articula sota l’etiqueta d’habitatge social contribueix, de manera efectiva, a reforçar l’interès general ni la major disponibilitat d’habitatge per a qui ho necessita.
En aquest sentit, les declaracions recents de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Lídia Guillén Simón, en defensa del que anomena un acord històric entre el Govern de la Generalitat i l’Església Catòlica a Catalunya per a la cessió d’immobles destinats a habitatge social, no són una intervenció més en el debat públic: fixen marc, orienten política i legitimen decisions amb impacte estructural sobre el patrimoni i el dret a l’habitatge. Per això és rellevant partir de la posició i el discurs de qui les formula.
La figura de Lídia Guillén Simón, en tant que responsable directa del disseny i impuls d’aquestes polítiques, no és només descriptiva sinó central per entendre l’abast i les implicacions d’aquest acord amb l’Església Catòlica. És des d’aquest punt de partida institucional —i des de les seves pròpies declaracions— que cal analitzar què s’està construint realment.
Lídia Guillén Simón és l’actual secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, nomenada pel Govern de Salvador Illa l’agost de 2024. Està integrada en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, sota la direcció de la consellera Sílvia Paneque. Com a professional és llicenciada en Arquitectura Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També té un postgrau en Desenvolupament Directiu (UPC) i un màster en Bioconstrucció i Tècniques d’amidament ambiental. Abans del seu càrrec actual, era la gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa. Anteriorment, havia exercit com a arquitecta als ajuntaments de Barcelona i de Sant Pere de Riudebitlles. Com a secretària d’Habitatge, també és la titular de la Secretaria d’Habitatge i vicepresidenta de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS).
Des del seu càrrec actual al Govern de Catalunya, es la persona que lidera el disseny, la planificació territorial i l’impuls de les polítiques públiques per ampliar l’oferta d’habitatge social i assequible. Ha defensat públicament l’habitatge com un pilar de cohesió social i aposta per la col·laboració entre el sector públic i els propietaris privats. En aquest marc, Lídia Guillén Simón ha estat una figura clau en la gestió i defensa de l’acord entre el Govern de la Generalitat i l’Església Catòlica a Catalunya per a la cessió d’immobles destinats a habitatge social.
Els punts principals del que s’ha comunicat sobre aquest acord son molt eloqüents del seu caràcter històric:
- Tipus d’immobles: L’acord preveu la cessió de seminaris en desús, rectories, antics convents i edificis parroquials infrautilitzats per transformar-los en pisos de lloguer assequible.
- Titularitat: Les diòcesis mantindran la “propietat” dels béns, però en cediran l’ús a la Generalitat per un període inicial (normalment de quatre anys prorrogables).
- Rehabilitació: El Govern es compromet a finançar i executar les obres necessàries per adequar aquests espais, ja que molts d’ells es trobarien actualment en mal estat.
- Objectiu social: La mesura buscaria donar una «resposta immediata» a famílies en situació de vulnerabilitat i augmentar el parc d’habitatge públic sense haver de construir de zero en zones ja consolidades.
Finalment, Lídia Guillén ha qualificat aquest tipus d’aliances com un exemple de la col·laboració públic-privat (o públic-institucional) necessària per garantir el dret a l’habitatge com a «pilar de cohesió social». I ha dit que aquesta estratègia forma part d’un pla més ampli que inclou la cessió d’altres actius (de l’església i d’altres privats) per arribar a objectius com la construcció de milers d’habitatges protegits en aquesta legislatura.
La posició de Lídia Guillén Simón en relació amb l’acord amb l’Església Catòlica presenta diversos punts crítics des d’una perspectiva de política pública, dret patrimonial i coherència institucional.
En primer lloc, hi ha una tensió evident entre el discurs jurídic sostingut per diferents instàncies públiques —segons el qual les immatriculacions basades en certificació eclesiàstica poden mancar de títol material suficient— i la pràctica administrativa que, de facto, reconeix aquestes titularitats mitjançant acords de cessió. Acceptar l’ús d’aquests béns sense una verificació prèvia exhaustiva de la seva titularitat implica consolidar situacions jurídiques potencialment viciades. Això no és neutral: suposa una forma de validació indirecta d’un mecanisme (la immatriculació eclesiàstica) que ha estat àmpliament qüestionat doctrinalment i socialment. Tot i així, en cap moment s’ha volgut fer esment de que no es podran rebre bens immatriculats a instancia de la declaració unilaterals dels bisbes sense un títol vàlid en dret que acrediti el mode d’adquisició del domini. I no es fa, perquè segurament serà quasi la totalitat dels bens cedits.
En segon lloc, l’argument d’eficiència —“no començar de zero”— és tècnicament feble si no es contrasta amb una anàlisi comparativa rigorosa. Rehabilitar patrimoni aliè amb inversió pública, mantenint la propietat en mans privades, pot generar un retorn social immediat, però també consolida un model de transferència de valor públic cap a patrimonis privats. Sense un estudi econòmic complet (cost d’oportunitat, vida útil de la inversió, règim de reversió, alternatives dins del parc públic existent), aquesta opció no pot considerar-se òptima per defecte.
En tercer lloc, la manca de recursos “per investigar titularitats” (com a ha informat la Generalitat de Catalunya quan va ser requerit perquè investigui l’espoli immatriculador de patrimoni públic per part de l’església durant 70 anys) contrasta amb la disponibilitat de recursos per finançar rehabilitacions sovint milionàries. Això apunta a una priorització política del tot discutible: es renuncia a clarificar la naturalesa jurídica dels béns —que podria derivar en la seva incorporació al domini públic en favor de la gent sense habitatge— mentre s’assumeix despesa per adequar-los en benefici d’un titular privat vinculat i controlat per un estat estranger com es la Santa Seu-Estat del vaticà. Des d’un punt de vista de bona administració (art. 103 CE i principis de gestió eficient), aquesta asimetria és difícilment justificable.
En quart lloc, el model de cessió temporal (4 anys prorrogables, o 30 anys) introdueix una inestabilitat estructural en el parc d’habitatge social generat. La Generalitat assumeix el cost de rehabilitació, però no consolida patrimoni propi. Això debilita la construcció d’un parc públic estructural i perpetua la dependència de tercers. En termes de política d’habitatge, això és contrari a les recomanacions habituals de consolidació de parc públic permanent.
En cinquè lloc, hi ha una qüestió de coherència amb la funció social del patrimoni. Si molts d’aquests béns han estat històricament construïts, mantinguts i vinculats a usos comunitaris o fins i tot a possibles situacions de domini públic o comunal, la seva instrumentalització com a actius privats en un esquema de col·laboració públic-privada suposa una despossessió simbòlica i material. Especialment problemàtic és que això es faci en nom de l’habitatge social, és a dir, utilitzant una necessitat estructural de la població per legitimar operacions que poden consolidar processos previs de privatització.
Finalment, des d’un punt de vista de governança, aquesta estratègia reforça un model de política pública reactiva i oportunista (aprofitar disponibilitat d’actius infrautilitzats) en lloc d’un model planificat basat en diagnosi territorial, inventari de béns públics disponibles i estratègies de recuperació patrimonial. Això és especialment rellevant en un context com el català, on la manca d’un inventari complet de béns immatriculats limita qualsevol política patrimonial coherent.
En aquest sentit, cal aprofundir en aquest cercle pervers de les immatriculacions dels bisbes sense títol de propietat per a “cedir-les temporalment” per a habitatge social, sempre que es reparin amb diners públics…
El Govern presenta com a “acord històric” la cessió d’immobles de l’Església per a habitatge social. I ho és d’històric, però per raons oposades a les esmentades: el que es posa en marxa no és només una política d’emergència, és la consolidació d’un cercle jurídic i polític profundament vinculat a un espoli.
El cercle és clar —i greu-. Primer, béns que històricament han estat públics o comunals, i per tant fora de comerç, són apropiats mitjançant una declaració unilateral d’un bisbe. Després, el sistema registral públic convalida aquesta declaració i li atorga aparença de veritat jurídica, sense contrast material del títol. A continuació, les administracions es neguen a fer públic un inventari complet d’aquests béns —ni tan sols a instàncies d’entitats socials— al·legant manca de recursos. I finalment, aquestes mateixes administracions accepten en cessió aquests immobles com si fossin legítimament privats, invertint diners públics per rehabilitar-los.
Aquest és el nucli del problema: es passa de la possible apropiació indeguda a la seva legitimació institucional, i d’aquí al seu finançament públic.
L’acord que defensa Lídia Guillén Simón és paradigmàtic d’aquesta deriva. Es presenta com a política social allò que, en realitat, consolida una transferència de valor públic cap a mans privades. No es qüestiona la titularitat, no es depura l’origen dels béns, no es recupera patrimoni potencialment públic: es dona per bo i s’hi inverteix. I tot això sota una justificació aparentment incontestable: la necessitat urgent d’habitatge social.
Però aquí és on la perversió es fa més evident. S’utilitza una necessitat estructural —probablement la principal emergència social del país— per legitimar un model que reforça la despossessió de bens públics que en part ja pertanyen a gent necessitada d’habitatge. Es rehabiliten edificis sovint enrunats o abandonats amb diners públics, però la propietat continua en mans de qui no n’ha acreditat mai el títol amb garanties. L’administració paga, el privat conserva.
Això no és una col·laboració pública-privada, ni molt menys pot ser exemplar. És una entrega pública de bens comuns a favor d’un privat multinacional que pertany a un estat estranger.
El procés, a més, no és puntual. S’està generalitzant. Molts ajuntaments petits, sense capacitat per litigar contra l’aparell jurídic de l’Església —que a aquestes efectes, sí que actua com un únic subjecte fort i coordinat— opten per acceptar aquesta lògica. I ara el salt que es pretén és encara més gran: governs autonòmics que institucionalitzen aquest model, convertint-lo en política pública.
El resultat és una nova fase del mateix procés: Primer es permet la inscripció. Després no es qüestiona. Després s’oculta (sense llistats públics complets, sense dades georeferenciades, sense transparència sobre les entitats o persones jurídiques titulars). Després no es reverteix. I finalment, es legitima mitjançant acords de cessió amb la pròpia administració que impliquen inversió pública en benefici privat.
Aquesta seqüència no només no resol el problema de l’habitatge. El desplaça i, alhora, consolida una arquitectura de despossessió de bens públics.
Si l’objectiu fos realment ampliar el parc d’habitatge disponible, la prioritat hauria de ser clara: identificar, auditar i recuperar béns potencialment públics o comunals abans de destinar recursos a reforçar titularitats privades que el propi estat ja han reconegut inconstitucionals i amb inscripcions al registre de la propietat nul·les de ple dret.
El que es presenta com a solució ràpida és, en realitat, una renúncia estructural. I el més greu: es fa en nom del dret a l’habitatge.
La col·laboració amb actors privats amb finalitats socials —que pot ser legítima— no convalida les condicions en què es produeix: sense una depuració prèvia de la titularitat, amb transferència sostinguda de valor públic cap a mans privades, sense consolidació efectiva del parc públic i amb una utilització instrumental d’una necessitat social bàsica, es configura un escenari de vulneració greu de l’ordenament jurídic i de degradació de la funció pública, en què l’interès general queda subordinat a la consolidació d’interessos privats sota una aparença de finalitat social.
En aquest context, les declaracions públiques que presenten aquests acords com a paradigma de la col·laboració públic-privada redefineixen el paper mateix de les institucions governamentals implicades. Lídia Guillén Simóni el Govern de Salvador Illacorren el risc de transformar la Secretaria d’Habitatge en una instància de convalidació institucional de l’espoli i de gestió pública d’interessos privats, tot just revestida d’una retòrica social que, en lloc de revertir la despossessió del dret a l’habitatge, la consolida.