Ninguno de los cinco expedientes acompañados por Justicia desde 2020 ha prosperado.
Iglesia de Santa Eulàlia de Noves, en el municipio de Garriguella (Girona) / ©TONI FERRAGUT (El País)
asturiaslaica.com / Camilo S. Baquero, El País / Regió7, 20 de marzo de 2023
El Ejecutivo catalán fue pionero con la publicación, en 2020, de un listado que ponía luz sobre el fenómeno de las inmatriculaciones eclesiásticas. Se trata de las propiedades inscritas por la iglesia en el Registro de la Propiedad, ofreciendo solo la firma de un obispo como prueba. La lista recogía 3.722 de esas situaciones, con especial énfasis en las producidas entre 1998 y 2015: figuraban no solo templos de culto sino también terrenos rústicos o ermitas que han terminado por tener usos sociales. El Departamento de Justicia anunció entonces la creación de la Oficina de Mediación sobre Inmatriculaciones para interlocutar con los obispados. La consejera Gemma Ubasart certificó, a raíz de una pregunta de la CUP en el Parlament en la que la diputada Montserrat Vinyets preguntaba qué pensaba hacer su departamento y el Govern «por acabar con las inmatriculaciones hechas por la Iglesia católica», el fracaso de esta vía, pues en tres años todos los expedientes, cinco, han sido rechazados.
