La coordinadora estatal, de la que forma parte el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), ha solicitado al Defensor del Pueblo que investigue si los Registros de la Propiedad actuaron conforme a la Constitución al permitir que la Iglesia inscribiera miles de bienes mediante certificaciones expedidas por los propios obispos entre 1978 y 2015.
ARAINFO REDACCIÓN | 24 julio 2026
La coordinadora estatal Recuperando, integrada en Aragón por el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que investigue la actuación de los Registros de la Propiedad que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes mediante certificaciones expedidas por los propios obispos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 hasta la reforma de la Ley Hipotecaria de 2015.
La iniciativa, según explica la coordinadora, no pretende determinar quién es el propietario de cada iglesia, ermita, cementerio, finca o monumento inscrito durante ese periodo. El objetivo es cuestionar la propia validez jurídica del procedimiento utilizado para realizar esas inmatriculaciones y esclarecer si los actos registrales que las hicieron posibles fueron conformes con el orden constitucional.
Una cuestión de “constitucionalidad”
El núcleo de la queja se basa en un argumento jurídico: Recuperando sostiene que el artículo 16.3 de la Constitución rompió definitivamente la equiparación entre la Iglesia católica y las administraciones públicas, por lo que los obispos dejaron de poder actuar como autoridades con capacidad para emitir certificaciones válidas para acceder al Registro de la Propiedad. La coordinadora recuerda además que el Tribunal Constitucional ha establecido que la Constitución impide cualquier equiparación entre la Iglesia y el Estado.
A juicio de Recuperando, si la Iglesia ya no podía ser considerada poder público desde 1978, tampoco podían seguir utilizándose las certificaciones eclesiásticas previstas en el antiguo artículo 206 de la Ley Hipotecaria como título para inscribir bienes inmuebles.
La coordinadora dirige igualmente el foco hacia los propios Registros de la Propiedad, al considerar que fueron sus responsables quienes aceptaron esas certificaciones y practicaron las inscripciones durante más de tres décadas. Por ello solicita que se investigue si el servicio público registral actuó respetando los principios constitucionales de legalidad, objetividad y sometimiento pleno al Derecho.
Si prospera, afectaría potencialmente a miles de bienes
Recuperando sostiene que, de confirmarse la invalidez del procedimiento empleado tras la entrada en vigor de la Constitución, el problema tendría carácter estructural y afectaría potencialmente a miles de bienes inmatriculados entre el 29 de diciembre de 1978 y el 25 de junio de 2015.
En consecuencia, la coordinadora solicita al Defensor del Pueblo que admita la queja, investigue la actuación del servicio público registral y, si aprecia un funcionamiento incompatible con el orden constitucional, impulse las actuaciones necesarias para restablecer la legalidad. El escrito concluye solicitando que los actos administrativos registrales que hicieron posibles esas inmatriculaciones sean declarados nulos de pleno derecho.
Más allá del listado publicado por el Gobierno
Recuperando recuerda además que el Estado español sigue sin disponer de una relación completa e identificable de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia. El listado publicado por el Gobierno en 2021 se limitó al periodo 1998-2015 y recogió 34.961 inmatriculaciones, dejando fuera las realizadas durante las dos décadas anteriores y sin aportar, en numerosos casos, los datos necesarios para identificar con precisión los inmuebles.
Por ello, la coordinadora reclama conocer qué bienes fueron inmatriculados, con qué título accedieron al Registro de la Propiedad y facilitar la recuperación de aquellos que legítimamente pertenecen a los pueblos.