- Las organizaciones laicistas reclaman al Ejecutivo sin éxito que plantee al Vaticano la autofinanciación de la Iglesia, la revisión de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede y una ley de libertad de conciencia.
- Moncloa reivindica la ley de eutanasia y cinco pactos con la Iglesia, y recuerda que promueve el blindaje constitucional del aborto y la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos: “Nada de esto permite decir que el Gobierno haya abandonado la agenda en relación a la Iglesia”.
Raúl Bocanegra, Sevilla – Público | 31 mayo 2026
Las organizaciones laicistas consideran que la próxima visita del papa a España, que comienza el próximo sábado 6 de junio, ha relegado parte de la agenda laicista, lo que supone «una nueva oportunidad perdida» de avanzar en cuestiones fundamentales como la autofinanciación de la Iglesia, una ley de libertad de conciencia, y la apertura del melón de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que, consideran, están «desfasados».
Todos estos temas son históricas reivindicaciones del movimiento laicista que las fuerzas políticas en el Ejecutivo han estudiado en varios momentos, pero que nunca han cuajado y que ahora han quedado de nuevo aparcados. En el movimiento laicista, nadie cree tampoco que se vayan a retomar estos asuntos antes de los próximos comicios: «Si el Gobierno tuvo agenda laicista, este viaje del papa la ha fulminado por completo», afirma con contundencia a Público José Antonio Naz, de Europa Laica. Varias organizaciones han convocado una concentración para el próximo día 4 de junio en Madrid con el lema: «Exigimos un Estado laico». También han reclamado a los partidos que no vayan al Congreso el próximo 8 de junio, cuando está previsto que el papa intervenga.
Fuentes del Gobierno, por el contrario, niegan a Público que se haya producido ningún «abandono» de la «agenda con respecto a la relación con la Iglesia, sino todo lo contrario«. Así lo indicaron: «La visita del Papa a España es un evento de máxima relevancia institucional y cobra aún más trascendencia porque se produce después de que este Gobierno haya alcanzado cinco acuerdos históricos con la Iglesia católica. La exhumación del dictador y la resignificación del Valle de Cuelgamuros; el vinculado a los bienes inmatriculados y el de supresión de determinados beneficios fiscales de la Iglesia; y, recientemente, el de reparación a las víctimas de abusos sexuales. Todos ellos, en línea con la agenda del Gobierno progresista. Además, el Congreso de los Diputados aprobó en 2021 una ley de eutanasia y está impulsando el blindaje constitucional del aborto y la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Nada de esto permite decir que el Gobierno haya abandonado su agenda con respecto a la relación con la Iglesia, sino todo lo contrario».
«Es una nueva oportunidad perdida», resume sin embargo Hungria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, en respuesta a preguntas de Público, al valorar cómo se vive en el movimiento laicista la visita de León XIV. «Resulta paradójico que tengamos a un papa que conecta con sensibilidades más progresistas y contemporáneas, y sin embargo, el Estado español utilice su visita para legitimar los viejos reflejos de sacristía. En lugar de aprovechar esta madurez para exigirle a la Iglesia la autofinanciación —a la que por cierto el se comprometió hace décadas—, el Estado le sigue regalando un protocolo de Estado y asumiendo los enormes costes logísticos y de seguridad con los impuestos de toda la ciudadanía, creyentes y no creyentes. El coste lo asume lo público; el rédito se lo lleva la Conferencia Episcopal«.
Para Juan José Tamayo, emérito honorífico de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid, cuyo último libro es Cristianismo Radical (editorial Trotta), «siempre es clima propicio para plantear la agenda laicista». «Cuanto más amenazada está dicha agenda, más necesaria y propicia es lanzarla, plantearla y dar pasos para hacerla realidad», añade.
Aboga Panadero a favor de la «neutralidad institucional». «Hay que poner fin a la simbiosis entre el poder político y el religioso. No podemos seguir viendo a cargos públicos, alcaldes o ministros, asistiendo a liturgias ostentando su cargo y utilizando los recursos públicos para amplificar eventos confesionales», añade. En este viaje papal hay previstas varias escenas de este tipo.
Para Panadero, «la principal renuncia del Estado español es haber claudicado en su deber constitucional de neutralidad». «Vivimos instalados —agrega— en lo que desde la Fundación llamamos una laicidad pasiva o una confesionalidad encubierta. El Estado renuncia a ser verdaderamente aconfesional por puro inmovilismo político y por miedo a tocar unos privilegios históricos».
El Gobierno ha subrayado la sintonía con León XIV ante los desafíos globales y ha defendido que en un contexto internacional marcado por la guerra, el odio y la exclusión, es importante el mensaje del papa «en defensa de los valores humanistas del diálogo, la solidaridad y la convivencia». Por ello consideran que esta visita «será una oportunidad única para que [España] siga mostrando al mundo su sólido compromiso democrático con la paz, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos». El Ejecutivo ha recordado también otros puntos de acercamiento con El Vaticano en asuntos como las migraciones, un tema que Vox ha situado como eje estratégico de sus discursos y que ha llevado a este partido a enfrentamientos con algunos obispos.
El Ejecutivo ha declarado como evento de «excepcional interés público» la visita del papa, lo que implica ventajas fiscales para quienes patrocinen o donen a la Iglesia con la idea de financiar el periplo del pontífice. Para el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, aunque estos incentivos «suponen una minoración de ingresos públicos, por ejemplo en el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF, y el Impuesto de la Renta de los no residentes», esta afirmación debe ser matizada «porque si no se comprometen fondos públicos en ayudas directas, en esta ocasión esto supondrá un ahorro neto a las arcas del Estado, porque se financiará con fondos privados, obtenidos en base a esos incentivos». Torres añade a Público que la decisión es «un claro síntoma de ‘buena sintonía’ del Estado con la confesión mayoritaria, la Iglesia católica, y para nada se puede tachar a este Gobierno de ‘anticlericalismo'».
El Ejecutivo ha reivindicado estos días, en efecto, en vísperas del viaje de León XIV, lo que llama cinco «acuerdos históricos» entre el Gobierno y la Iglesia Católica: la exhumación del dictador Francisco Franco de la Basílica de Cuelgamuros y la resignificación del Valle de los Caídos; el acuerdo sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia; la supresión de determinados beneficios fiscales y el sistema mixto para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. La semana pasada, el presidente Pedro Sánchez estuvo con el papa en el Vaticano y luego mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin. En esa reunión, abordaron, según informó el Gobierno, varios de estos asuntos «de interés mutuo en las relaciones bilaterales entre España y la Santa Sede», como la reparación de víctimas de abusos sexuales y la «resignificación» del Valle de Cuelgamuros.
Para las organizaciones laicistas, que sí reconocen como un avance la aprobación de la ley de eutanasia, no es suficiente. Al respecto de los bienes inmatriculados, la plataforma Recuperando ha analizado: «La afirmación no solo sorprende: desconcierta. Si el Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Y si ese acuerdo no existe, resulta inaceptable presentarlo como un logro histórico». Este es el resumen que hacen los colectivos laicistas: «El inventario de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 no se conoció hasta febrero de 2021» y «la información decisiva sigue oculta. El Gobierno continúa negando a la ciudadanía y a los propios diputados los datos necesarios para identificar de manera precisa esos bienes«.
Juan José Tamayo considera que «ante el mayor expolio llevado a cabo por la Iglesia católica que ha inmatriculado bienes pertenecientes al pueblo y al Estado como propiedad suya», hay que «exigir su devolución al pueblo y al Estado». Añade Tamayo que también hay que «exigir a la jerarquía católica la petición de perdón por la pederastia de sacerdotes, obispos, religiosos y profesorado en centros religiosos y la indemnización a las víctimas».
La imprescriptibilidad de los delitos de agresiones sexuales a menores de edad también es otra de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa estos días. El pasado miércoles en una rueda de prensa en Madrid, Miguel Hurtado, primer denunciante de pederastia en la Abadía de Montserrat, la cual también está previsto que visite el papa, lamentó que no avance en el Congreso de los Diputados la reforma del Código Penal para la imprescriptibilidad de los delitos graves de pederastia y lo vinculó a la visita del papa: «La ley está parada cogiendo polvo en un cajón porque viene el papa».
Autofinanciación y acuerdos con la Santa Sede
Así expresaron —en un manifiesto titulado Hacia un Estado laico— más de 60 organizaciones y 140 personalidades su decepción con el aparcamiento de la agenda laicista en vísperas de que se concretase la visita de León XIV: «Creímos que un gobierno de vocación progresista abriría la puerta a reformas profundas. Sin embargo, entre apoyos frágiles y el resurgir de viejos reaccionarismos, esas transformaciones no han llegado o se han quedado a medio camino».
Para Tamayo, «la visita del papa [es] un momento muy oportuno para plantear al Gobierno y a la Conferencia Episcopal Española los temas más importantes de la agenda [laicista]». Entre ellos, enumera los siguientes: «La denuncia de los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede de 1979, por preconstitucionales e incluso anticonstitucionales y la renuncia de la Iglesia Católica a los privilegios económicos, educativos, fiscales, jurídicos, culturales y jurídicos, que le reconocen los Acuerdos, por ser contrarios a la igualdad de todas las religiones ante la ley; la eliminación de la asignación tributaria a la Iglesia Católica y exigir la autofinanciación y la elaboración de un Estatuto de laicidad en los ámbitos estatal, autonómico y municipal».
Para el catedrático Torres «la gran cuestión pendiente es la de la autofinanciación de la Iglesia católica, pues a pesar del compromiso asumido por esta en ese sentido, en el artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979, se sigue financiando con cargo a la Asignación Tributaria, que no es otra cosa que una minoración de los ingresos públicos en el IRPF, que conforme a las declaraciones presentadas en 2024, último ejercicio del que tenemos cifras, fue de 429 millones de euros».
Hungría Panadero afirma por su parte que uno de los ejes en los que habría que actuar es en «el fin del privilegio económico» y llegar a «la autofinanciación real». «El Estado —analiza la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia— renuncia a recaudar miles de millones. Debemos acabar con la financiación pública directa a través de la casilla del IRPF». «No creo —añade el profesor Torres— que en vísperas electorales, esto vaya a ser una prioridad, especialmente si se quiere tener contento al voto católico».
Para Panadero, hay que «ir a la raíz del problema». «La prioridad número uno —afirma— es derogar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Son unos acuerdos preconstitucionales que blindan todo el modelo de privilegios actuales y condicionan nuestra democracia». En el manifiesto, los colectivos lo plantean de este modo: «En pleno siglo XXI, España mantiene un concordato, […] un tratado que consagra privilegios para el catolicismo y erosiona la libertad de conciencia de la ciudadanía. Que los fondos públicos sigan financiando al clero es un anacronismo. Que miles de millones de euros sostengan colegios católicos y el adoctrinamiento religioso en las aulas es una anomalía democrática. Que nuestras leyes educativas, fiscales y tributarias estén condicionadas por acuerdos internacionales con el Vaticano es una distorsión de la soberanía popular».
¿Por qué no se abordan todas estas cuestiones? ¿Es el clima el más propicio? «Hay que distinguir —analiza Panadero— entre el clima mediático y el clima social. Este último nunca ha sido tan propicio como ahora [para abordar estas reformas hacia la laicidad]: España es un país adulto, con una madurez democrática innegable y donde casi el 40% de la población ya no es religiosa. La sociedad está preparadísima para este debate. Lo que ocurre es que el clima mediático y político está enturbiado. Vemos cómo ciertos sectores radicalizados intentan convertir la laicidad en una trinchera y nos acusan de anticlericalismo, cuando lo único que pedimos es higiene institucional. El Estado no debe arrodillarse ante ninguna autoridad espiritual».
Tamayo plantea también la reforma del artículo 16.3 de la Constitución, que resulta «contradictorio», ya que, argumenta, «en la primera parte del artículo afirma que ‘ninguna confesión tendrá carácter estatal’ y en la segunda que ‘los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas'». Entre las cuestiones «importantes», para Tamayo, está también «eliminar los restos de nacionalcatolicismo que todavía quedan y convierten a los gobernantes españoles en rehenes de la Iglesia católica».