Las inmatriculaciones de la Iglesia católica vulneran el principio de propiedad común
Durante décadas, la Iglesia católica en España ha podido registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de aportar un título válido de propiedad. Este proceso, amparado en el privilegio franquista del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y su reglamento, permitió que los obispos declararan como suyo lo que, en realidad, nunca le perteneció.
A esta operación se le ha dado un nombre técnico incorrecto: inmatriculación con «certificación» eclesiástica, dado que no se trata más que de una declaración hecha por un particular. Pero ha sido suficiente para que se produzca una privatización encubierta del patrimonio común, en total opacidad y sin participación ciudadana.
Todo lo que ha dicho el ministro Urtasun en el año largo que lleva en Cultura se limita a un «me parece importante». Fue en marzo del año pasado. «Creo que necesitamos una nueva ley de Patrimonio. Creo que tenemos que hacerla». Y que pase el tiempo.
El pasado 21 de febrero de 2025, en el Programa Sintonía Laica 555, se abordó el tema de las inmatriculaciones. Entrevistaron , para ello, a nuestro compañero Eduardo López Amodeo.
Para tratar el tema, nuestro compañero, coportavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla (integrada en la Coordinadora Recuperando) que informa de las actividades que está desarrollando la Plataforma y las previstas: llevar la información sobre el Patio y las inmatriculaciones a la Universidad, contacto con grupos políticos, exigencia del listado completo de inmatriculaciones, la PNL presentada por Sumar, o la continuidad de los Paseos por la Sevilla Inmatriculada, (dos más previstos para finales de marzo, abril), además de temas puntuales que afectan al patrimonio (San Pedro de Alcántara, la Cartuja de Jerez, Castillo de San Jorge-Museo de Arte Sacro), El tema musical sobre inmatriculaciones pone fin a la entrevista.
Las plataformas censuran las trabas que impiden reclamar las propiedades que pudieron ser inscritas de manera irregular por la institución católica: aseguran que se les niegan datos o son demasiado genéricos y sesgados
Basílica de Santa María del Mar. Ajuntament de Barcelona
Cuatro años después de la publicación de la lista de casi 35.000 inmatriculaciones llevada a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, las asociaciones y plataformas siguen exigiendo al Gobierno saber qué bienes han sido registrados durante el último siglo, y se quejan de la falta de avances ante una situación que parece estar casi como al principio. “No hay manera de saber cuáles son los bienes inmatriculados con la firma de un obispo”, resume José María Rosell, presidente de la plataforma Recuperando, que aglutina a diferentes colectivos que reclaman toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, calculan, fueron inscritos por la institución eclesiástica entre 1946 y 2015.
Una investigación sitúa a los cabildos de las catedrales entre “los grandes detractores” de los inventarios de bienes que se impulsaron a principios del siglo XX, tras analizar la correspondencia de Gómez-Moreno, uno de sus principales artífices
Cuando Manuel Gómez-Moreno inició el trabajo de campo por la España del recién estrenado siglo XX para realizar los primeros catálogos monumentales de las provincias españolas, el país no estaba preparado para blindar su patrimonio, un proceso todavía hoy inacabado. Primero, porque ni siquiera al incipiente padre de la historiografía moderna —el encargo a un joven y prometedor investigador sin currículo no estuvo exento de críticas— le proporcionaron los medios oportunos: cobraba un suelo miserable, tarde y a plazos. Luego, porque en el camino —tuvo que recorrer en burro los andurriales de una España ajena a la modernización— se encontraría poderosos adversarios como la Iglesia católica, férrea enemiga de contar, inventariar y valorar bienes que tenían una excelente venta en el feroz mercado de antigüedades, algo que precisaba de los oscuros negocios de los anticuarios.
La reversión de la mayor parte del Patrimonio desamortizado no fue, como habitualmente se le denomina devolución. Porque sólo se puede devolver aquello que es o ha sido propiedad. La desamortización no fue una expropiación, porque el Patrimonio desamortizado nunca ha sido propiedad de la Iglesia Católica.
El escritor Rafael Sanmartín en las calles de Sevilla, su ciudad. MAURI BUHIGAS
Los reyes de Castilla y los de Aragón, repartían generosamente, con derecho de uso los territorios y construcciones conquistados a sus legítimos propietarios: los vencidos en las guerras de conquistas calificadas indebidamente como reconquista, en atención al espíritu de la especial y falseada «Historia de España», mandada a escribir por el analfabeto rey de León Alfonso III. Historia a su vez basada en la leyenda-poema dedicada al inexistente «conde Fernán González”.
*Firmantes del artículo: Fernando Álvarez-Uría, Erika Adánez, Constantino Bértolo, Cruz Blanco, María Carballido, Miriam Chorne, Juan Antonio Fernández Cordón, Mariano Fernández Enguita, Antonio García Santesmases, Luis García Tojar, Ángel Gordo, Mariano Hernández Monsalve, Darío Jaimes, Carmen Jaulín, Antonio Mancha, Luis Mancha, José Ángel Mañas Gonzalo Martínez Fresneda, María Jesús Menéndez del Llano, Lourdes Ortiz, Pilar Parra, Jaime Pastor, José María Ramilo, Guillermo Rendueles, José Luis Romero, Juan José Ruiz, Daniel Sarasola, Concha Selgas, Juan Tabares, Constanza Tobío, Alejandra Val, Julia Varela.
Camión militar evacuando a Valencia ‘La familia de Carlos IV’, de Goya. – MUSEO DEL PRADO
Publicado en blogs.publico.es en abril 2021
En las sociedades pre-modernas, en las sociedades del Antiguo Régimen, la nobleza y el clero ocupaban la cúspide de la pirámide social de modo que prácticamente todas las propiedades, tanto las existentes en las zonas rurales como en las urbanas, pertenecían al Rey, al Arzobispo, o al Marqués de Carabás.
Un legado en peligro
Cuando los visitantes acuden a contemplar las obras de arte del Metropolitan Museum de Nueva York se suelen quedar impresionados ante una majestuosa reja del siglo XVIII que allí se exhibe, pero son pocos los que saben cómo esa obra llegó hasta el museo. En abril de 1929 el arzobispo RemigioGandásegui y Gorrochategui autorizó a los canónigos de Valladolid la venta de la famosa reja de la catedral, elaborada por Rafael y Gaspar de Amezúa, por el precio de 500 pesetas. El primer comprador norteamericano fue nada menos que un conocido magnate de la prensa, el multimillonario William Randolph Hearst a quien Orson Wells inmortalizó en Ciudadano Kane.
1. Las iglesias como bienes de “uso común” y finalidad pública
En las Partidas se considera que las iglesias y ermitas cumplen una función colectiva, pues están dedicadas al culto y la devoción de toda la comunidad cristiana. De ahí que no se trate de edificios “privados” en sentido estricto:
Función social y religiosa: Estos templos se levantan para la realización de ritos sagrados abiertos a los fieles, y su acceso no puede ser restringido de manera arbitraria.
Idea de servicio público: Aunque el término “servicio público” es anacrónico para el siglo XIII, ya en la mentalidad jurídica de Alfonso X se percibe la noción de que los bienes ligados al culto tienen una utilidad para el bien común, no sólo para el clero.
Este carácter de “uso común” (o “uso público”) conduce a la idea de que su dueño último no es la Iglesia como institución particular, sino la colectividad o, en el contexto medieval, la Corona —que en la práctica representaba al conjunto del reino—. En la actualidad, ese rol lo desempeñarían el Estado y la ciudadanía.
El pasado fin de semana tuvo lugar en Pamplona/Iruña la VI Asamblea de RECUPERANDO.
Mariasun Villaverde, perteneciente a la Junta Directiva de Europa Laica, nos lo cuenta en el podcast «renglón torcido» correspondiente al programa 115 de Europa Laica en Sintonía, emitido el 31/01/2015.
La Coordinadora Recuperando ha criticado este sábado el «incumplimiento» del Gobierno de España en relación a las inmatriculaciones que habría realizado la Iglesia respecto de bienes comunales, después de que el presidente Pedro Sánchez «se comprometiera en su investidura a implementar modificaciones legislativas para recuperar los bienes indebidamente inscritos por la Iglesia católica».
El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, en la apertura de la asamblea de la Coordinadora Recuperando, que se celebra en Pamplona. COORDINADORA RECUPERANDO
El portavoz de la coordinadora, Andrés Valentín, que ha intervenido este sábado en la VI asamblea de esta entidad que se celebra en Pamplona, ha afirmado que «si el Gobierno se ha olvidado de nuestra lucha, nosotros no nos olvidamos». En la asamblea participan medio centenar de representantes de colectivos de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Navarra.
La Coordinadora Recuperando analiza en este encuentro la situación actual de las inmatriculaciones eclesiásticas y prepara un programa de actuaciones ciudadanas e institucionales para 2025.
