«La sentencia judicial, verificadora de la adquisición siempre debió ser necesaria, siempre»
«Jamás negué, por supuesto, la capacidad de la Iglesia Católica para adquirir en propiedad bienes y derechos»
«Lo que nunca admití fue el privilegio de la Legislación Hipotecaria 1944-1946 permitiendo que por simple certificación del obispo diocesano se llegasen a inscribir en el Registro propiedades de bienes previamente adquiridos»
«¿Qué pensarían de ese privilegio cristianos franceses como Maritain, Bernanos, Mauriac, Claudel y otros referidos en Principios e imperativos?»
El Obispado de Ourense inscribió la finca donde está el cenobio del siglo IX antes de venderla en 2015 por 75.000 euros a un banquero, pero una familia esgrime una escritura de propiedad de 1906. El comprador, un inversor privado, asegura que la demandante “no tiene ningún título de propiedad”
Interior del cenobio de Santa Comba de Naves, en estado ruinoso, en el concello de Ourense (MARTIÑO PINAL)
La venta a finales de 2015 de un terreno de 9.550 metros cuadrados en Palmés (Ourense), con un conjunto medieval sumido en ruinas: restos de una rectoral, una capilla y un palomar por parte del Obispado a un foráneo con raíces en Ourense y que puso el ojo inversor en la provincia, centró el juicio celebrado en Instancia 1 para dilucidar, en último término, la propiedad.
El embajador de Francisco en España «ha tomado nota» de la gestión «neoliberal» del obispo de Cádiz y un juzgado de Barbate llama a declarar como testigos a los dos anteriores ecónomos de la Diócesis para que aclaren los movimientos de las cuentas de las rentas de tierras de la capellanía de Vejer de la Frontera.
El polémico mandato del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, que arrastra una veintena de despidos y varios desahucios, puede estar atravesando sus momentos más difíciles. Por un lado, el nuncio apostólico, embajador de la Santa Sede en España, ha declarado haber «tomado debida nota» de las denuncias que le han hecho llegar un grupo cristiano gaditano sobre la gestión «neoliberal» de monseñor Zornoza, «contraria al Evangelio». Por otro, un juzgado de Barbate ha llamado a declarar como testigos a los dos anteriores ecónomos de la diócesis para que aclaren la gestión de las rentas obtenidas con las tierras de capellanía de Vejer de la Frontera, antes en manos de la parroquia y ahora directamente del obispado.
De momento, los despidos de una veintena de trabajadores del obispado y Cáritas de Cádiz, los desahucios de longevos inquilinos de viviendas propiedad de la diócesis y la defenestración del sacerdote que ha abanderado la lucha contra la gestión del obispo Rafael Zornoza Boy se encuentran ya sobre la mesa del nuncio nombrado por el Papa Francisco, Bernardito Cleopas Auza. Aunque, para ello, el Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de Cádiz ha tenido que enviarle a lo largo de un año hasta tres escritos, suscritos por unas 300 personas, para que el embajador de la Santa Sede haya atendido finalmente sus demandas. En una carta fechada el pasado 7 de junio, Bernardito Auza refiere el «acuse de recibo» de esas comunicaciones y asegura que «se ha tomado la debida nota y se ha prestado la debida atención a todo cuanto en ellas se significa».
El Ayuntamiento de Náquera quiere recuperar la propiedad exclusiva de la ermita de San Francisco de Asís que ahora comparte con la Iglesia. Para ello, ha remitido un escrito al Registro de la Propiedad de Massamagrell en el que solicita que corrija el error que provoca que el edificio sufriera una doble inmatriculación (la primera a favor del municipio y la segunda a favor de la Iglesia).
El propio alcalde del municipio, Damián Ibáñez, ha señalado que éste es el primer paso que desean dar para que el histórico edificio, alzado hace un siglo, sea de exclusiva propiedad municipal. En el caso de que la Iglesia no acepte la corrección de este error, el primer edil ha advertido de que tomarán la vía judicial, aunque no sin antes, ha remarcado, explorar hasta el final el camino del diálogo.
El Ayuntamiento espera ratificar la presentación de un recurso contra la sentencia del Juzgado que otorga la propiedad del santuario al Obispado de Huesca.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado un serio varapalo a la justicia española en un caso de inmatriculación realizado por la Iglesia católica. En una sentencia hecha pública este martes, los jueces dan la razón a la empresa ganadera Sociedad Anónima de Ucieza, a la que ni el Supremo ni el Constitucional escucharon sobre los edificios religiosos contenidos en una finca de su propiedad que fueron apropiados, sin embargo, por el obispo de Palencia. Este utilizó la ley hipotecaria española todavía en vigor. Para los jueces europeos, ambos altos tribunales han vulnerado principios esenciales, como el de la igualdad de trato y la defensa de la propiedad privada.
