La coordinadora ha reclamado a todas las comunidades autónomas que hagan pública la información detallada de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica y que, allí donde todavía no exista, la recaben con urgencia.
La Coordinadora Estatal RECUPERANDO se ha dirigido a las presidencias de todos los gobiernos autonómicos para exigir que faciliten la información completa y detallada sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en cada comunidad autónoma. La reclamación parte de una idea sencilla: sin información suficiente no es posible identificar los bienes, comprobar su situación registral ni defender adecuadamente el patrimonio público.
RECUPERANDO ha insistido en que, cuando esa información ya obra en poder de las administraciones, debe hacerse pública por una cuestión elemental de transparencia democrática. El listado difundido por el Gobierno central en 2021 no ha permitido, en muchos casos, identificar correctamente los bienes, porque carece de datos registrales esenciales y omite documentación detallada sobre los mismos.
Junto a esa primera exigencia, RECUPERANDO ha planteado una segunda cuestión de fondo: cuando la información no se conoce, como ocurre con buena parte de las inmatriculaciones anteriores a 1998, es deber de las administraciones recabarla. No se puede preservar el patrimonio si ni siquiera se conoce con detalle la totalidad de los bienes inmatriculados. Por eso ha reclamado que los gobiernos autonómicos y el Gobierno central soliciten al Colegio de Registradores la información completa, con el nivel de detalle necesario para identificar y poder verificar cada bien desde 1946.
La coordinadora ha subrayado además que no es aceptable que esta información se haya podido conocer con más detalle en comunidades como Navarra, País Vasco o Asturias y siga sin estar accesible de forma general en el resto del Estado. La transparencia no puede depender del territorio.
RECUPERANDO ha recordado que conocer esa totalidad no es una cuestión secundaria, sino una condición mínima para poder proteger el patrimonio histórico y público y para valorar, en su caso, las actuaciones administrativas o jurídicas que procedan. Después de tantos años de opacidad, la ciudadanía sigue sin saber con certeza cuántos son, cuáles son y dónde están todos los bienes inscritos por la Iglesia mediante este privilegio registral ya derogado.
La coordinadora ha señalado, además, que ya se han recibido respuestas de varias administraciones autonómicas y que en este momento se están analizando y estudiando para valorar su alcance, su grado real de colaboración y los pasos a seguir en cada caso.
(ver escrito dirigido a las Presidencias de los Gobiernos Autonómicos)