La Iglesia católica española necesita una seria autocrítica. No se puede robar, aunque sea al amparo de una legalidad injusta y de privilegio
El día 9 del pasado mes de febrero de 2017 la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia católica —RECUPERANDO— que agrupa a una veintena de colectivos de todo el Estado, presentó ante la Comisión de Peticiones del Congreso de Diputados dos iniciativas parlamentarias. Ambas iban dirigidas a buscar una fórmula global para la aplicación de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que considera “arbitrarias” las inmatriculaciones que la Iglesia católica ha practicado porque vulneran derechos fundamentales de personas individuales y colectivas.
Una de las iniciativas es para recabar el listado de bienes inmatriculados controvertidos en todo el país al amparo del derogado art. 206 de la Ley Hipotecaria, y que el Ejecutivo central se ha negado a satisfacer en un ejercicio reiterado de encubrimiento y proteccionismo. La segunda iniciativa está encaminada a pedir/exigir la creación de una Comisión Permanente no legislativa que estudie la situación generada por las recientes sentencias del 4 de noviembre de 2014 y del 20 de diciembre de 2016 del TEDH y señale el procedimiento a seguir para restaurar la legalidad conculcada.
Evaristo Villar, Redes Cristianas | 2017



