La Consejería de Cultura de Asturias ha invertido 3,4 millones desde 1983 en los ocho edificios más relevantes, mientras que el Gobierno central ha inyectado ingentes fondos y aportado ayuda técnica desde hace, al menos, doscientos años.
Palacio de Santa María del Naranco, Oviedo – WIKIPEDIA
Aristóteles Moreno – Público – 28 de marzo 2020
San Julián de los Prados, Monumento Nacional en 1917 y Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1998, fue construida por Alfonso II en el siglo IX e inscrita por la jerarquía eclesiástica a su nombre en uso del polémico artículo 206 sin aportar ningún título de propiedad. En 1981, cuando estaba expresamente prohibido por la ley registrar lugares de culto.
Ábside de San Julián de los Prados, Oviedo
Aristóteles Moreno – Público – 20 de marzo de 2020
El Grupo de Inmatriculaciones está convencido de que la jerarquía eclesiástica ha inscrito a su nombre todos los monumentos de un conjunto de incalculable valor cultural promovido en el alto medievo por los monarcas astures y reconocido hoy por la Unesco como bienes del Patrimonio Mundial
Santa Cristina de Lena (izqda.) y San Miguel de Lillo (dcha.)
Aristóteles Moreno – Público – 13 de marzo 2020
Los grupos religiosos que no puedan demostrar una evidencia de propiedad corren el riesgo de perder algunas de sus pertenencias, lo que ha desatado la furia de los fieles de la Iglesia serbia e incluso ha destapado viejas tensiones nacionalistas.
En Montenegro resuenan cánticos religiosos. Este país de los Balcanes, que se independizó de Serbia en 2006, vuelve a destapar viejas tensiones. Una ley de Libertad Religiosa aprobada por el Parlamento de Podgorica a finales de diciembre, ha desatado la polémica. El Gobierno reclama a la Iglesia ortodoxa serbia una serie de bienes, una decisión que sus fieles no han visto con buenos ojos, que no quieren que se «regalen» sus lugares sagrados. Pero el Gobierno de Montenegro explica que hace 100 años estos sitios religiosos eran propiedad del Estado. Con la nueva ley, los grupos religiosos que no puedan demostrar una evidencia de propiedad corren el riesgo de perder algunas de sus pertenencias.
es.euronews.com – Hans von der Brelie – 24/02/2020
Montenegro tiene una población de alrededor de 600.000 habitantes, de los cuales un 70% son ortodoxos, la gran mayoría seguidores de la Iglesia serbia. Sin embargo, una minoría sigue la rama de la Iglesia montenegrina, no reconocida oficialmente por la mayoría de iglesias ortodoxas.
Recuperando explica las inmatriculaciones de la Iglesia con la ayuda de Mafalda. Grupo Inmatriculaciones de Asturias 2019.
La ley ha generado protestas en todo el país, que el presidente califica de ‘nacionalistas’
Cientos de sacerdotes y monjes de la Iglesia ortodoxa serbia en Montenegro protestaron en Podgorica, y unos días antes más de 6.000 personas se manifestaron en Niksic para exigir la retirada del proyecto de ley.
La ley recibió el apoyo de 45 diputados, en una cámara de 81 escaños, en una votación celebrada el viernes, tras un acalorado debate que se prolongó durante más de quince horas
Los inmuebles se considerarán n públicos a menos que se presenten documentos que confirman que ya eran propiedad de la Iglesia antes de 1918, cuando Montenegro se integró en el entonces Reino de Yugoslavia
Todos los diputados de oposición, detenidos tras actos violentos en el Parlamento
AGENCIAS, lavanguardia.com – 28/12/2019
Una ley sobre las propiedades de la iglesia ortodoxa provocó en la madrugada de ayer una extraordinaria rebelión en el Parlamento de Montenegro por parte de los 18 diputados de la oposición proserbia, que intentaron impedir la votación del proyecto de ley lanzando un petardo y botellas de plástico en la sala, rompiendo mobiliario y micrófonos, todo ello entre gritos, insultos e incluso amenazando con tomar las armas. Todas y cada una de las 200 enmiendas a la ley que habían presentado fueron rechazadas. Los alborotadores fueron desalojados, detenidos por la policía y llevado a comisaría para ser interrogados.
Desde 1946, la iglesia católica ha venido inscribiendo en el registro de la propiedad bienes inmuebles, sin aportar título de propiedad alguno, con una mera autocertificación eclesiástica.
Hace unos pocos años, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no nos decía la verdad en sede parlamentaria, cuando afirmaba que el asunto de las inmatriculaciones de la iglesia no era tema de su competencia; falso: los registros de la propiedad dependen directamente del Ministerio de Justicia. Tampoco nos decía la verdad cuando afirmaba que no disponía de información acerca de las inmatriculaciones realizadas; falso: se ha comprobado posteriormente que los registradores habían remitido esa información al citado ministerio.
Hace poco menos de dos años, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconocía que sí se disponía de la información remitida por los registradores de la propiedad. Poco después prometía a los ciudadanos que, en breve, se haría pública dicha información.
Seguimos esperando.
José María Rosell, La Voz de Asturias – Opinión | 18 diciembre 2019
El Plan de Catedrales ha destinado, en 20 años, más de 500 millones de euros públicos a la conservación de los templos católicos.
A diferencia de Francia, donde los templos son propiedad del Estado, la Iglesia española cobra entradas y decide sobre su uso, pero son las Administraciones las que se ocupan de la restauración, seguridad e iluminación.
Los obispos afirman que son ellos los que invierten en conservación, un total de 356 millones en los últimos cinco años. Todo ese dinero viene de la Declaración de la Renta.
Jesús Bastante, eldiario.es / 18 de abril de 2019
¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Notre–Dame, hubieran ardido la mezquita de Córdoba, la catedral de León o la de Santiago de Compostela? ¿Quién tiene la responsabilidad de la conservación, restauración y mantenimiento de los templos católicos, que también son patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestro país?
El marco normativo de las inmatriculaciones es específicamente franquista. Por ello, es una peculiaridad española que no encuentra parecido en ningún otro país. Este es el respaldo que utiliza la Iglesia católica para defender la legalidad de sus apropiaciones.
Inmatricular es inscribir por vez primera un bien inmueble en el Registro de la Propiedad. Pero, sobre todo, ha sido el procedimiento a través del cual la Iglesia católica se ha apropiado de decenas de miles de bienes de valor incalculable.
La reforma de la Ley Hipotecaria (Decreto de 8/2/1946) equipara la Iglesia católica al propio Estado (art. 206) y el artículo 304 del Reglamento de 1947 establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos. Esta normativa franquista convierte a la Iglesia católica en administración pública y a los obispos en notarios. “Inmatriculo este bien porque yo mismo digo que es mío, porque me pertenece desde tiempo inmemorial”. Con eso bastaba; no era necesario acreditar de manera alguna la propiedad de lo inmatriculado.