La Iglesia Católica atraviesa una crisis profunda y multidimensional que va más allá de su dimensión espiritual. En distintos países, pero especialmente en Europa y América Latina, enfrenta una acelerada pérdida de fieles activos, una reducción drástica en el número de sacerdotes y capellanes, y una caída significativa en los ingresos que tradicionalmente sostenían su estructura. Esta crisis de vocaciones y de arraigo comunitario ha debilitado su capacidad de autofinanciamiento a través del aporte voluntario de los creyentes. Ante ello, la Iglesia Católica se lanzó a nuevos mecanismos de subsistencia que van desde el respaldo estatal hasta la mercantilización directa del vasto patrimonio público que con diferentes fórmulas legales y convencionales, administraban en conjunto con las comunidades respectivas.
Dino Di Nella, Recuperant.cat | 4 noviembre 2025
En este contexto, adoptando una lógica empresarial, la Iglesia ha devenido en una auténtica corporación, convirtiéndose en una de las principales propietarias de bienes inmuebles y generando ingresos a partir de transacciones comerciales, muchas veces en colisión con el interés público. Esta degradación institucional, marcada no solo por su crisis económica sino también por los escándalos de abusos y corrupción, ha sido objeto de análisis en las columnas de Osvaldo Bayer, quien, con su inconfundible tono crítico, desentrañó la transformación de la Iglesia de institución religiosa a corporación económica.
El Gobierno español quiere dar por cerrado oficialmente el debate sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, un monumento único en el mundo que encierra siglos de historia entrelazada de culturas. Esta decisión trata de poner punto final a una polémica que ha destapado una práctica mucho más extensa y menos conocida: las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia católica. Durante años, este mecanismo legal permitió registrar propiedades a su nombre con una simple declaración eclesiástica, sin necesidad de aportar documentación acreditativa. El resultado ha sido la enajenación silenciosa de una gran parte del patrimonio común, con implicaciones históricas, jurídicas y morales que hoy siguen dividiendo a la sociedad española.
