La coordinadora Recuperando aplaude la iniciativa del Gobierno foral y reclama al Ejecutivo de Sánchez que tome medidas en la misma dirección
Tras más de un año de investigación identifica 79 fincas comunales apropiadas por la jerarquía católica, aunque la cifra final puede alcanzar varios cientos
Coordinadora RECUPERANDO, 27 de noviembre de 2025.
En Navarra, se está consolidando, por primera vez, a escala autonómica, una línea de trabajo pública y sistemática para identificar y recuperar bienes comunales o de titularidad pública inmatriculados por la Iglesia.
Una investigación impulsada por el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha dado un paso decisivo: tras analizar 174 bienes de 26 entidades locales, se han identificado 79 bienes con base suficiente para reclamar su titularidad pública o comunal, y en 21 casos ya existen pruebas documentales para fundamentar acciones judiciales. El propio Gobierno de Navarra valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar esos 21 bienes.
Ante estos datos, RECUPERANDO subraya que si se han inmatriculado esta gran cantidad bienes públicos en Navarra, es más que razonable considerar que este mismo patrón puede haberse reproducido en otras comunidades autónomas.
Responsabilidad de los gobiernos autonómicos:
RECUPERANDO considera imprescindible que todos los gobiernos autonómicos actúen de forma proactiva, adoptando modelos de intervención similares al navarro: convenios con entidades locales, apoyo técnico e historiográfico, acceso ordenado a archivos, elaboración de informes individualizados y acompañamiento jurídico, de forma que los municipios —especialmente los pequeños— no queden solos ante procedimientos complejos y costosos.
Responsabilidad del Gobierno Central y del Ministerio de Justicia:
Por otra parte, RECUPERANDO reitera que este problema no puede resolverse municipio a municipio, sino mediante una solución global. Por ello, exige al Gobierno Central, al Ministerio de Justicia y a los Registradores de la Propiedad:
- Información completa y detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia desde 1946, con trazabilidad suficiente (registro, finca, fecha, título y documentación asociada) para permitir la identificación y defensa efectiva de lo público.
- La declaración de nulidad absoluta de las inmatriculaciones realizadas después de 1978 mediante “certificación” eclesiástica, por entender que resultan incompatibles con el marco constitucional y con las garantías exigibles.
Navarra, evidencia la dimensión del problema y la necesidad de una respuesta institucional a la altura. Donde se investiga, aparecen bienes públicos. Donde se actúa, se abren vías de recuperación. Lo que falta en buena parte del Estado no son pruebas: es voluntad política.