Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno plantean en el libro ‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica’ la necesidad de impulsar una revolución «ciudadana».
Dos libros y una pregunta parlamentaria de Sumar abundan en la necesidad de abordar la recuperación para el común de monumentos patrimonio de la humanidad inmatriculados por la Iglesia.
Raúl Bocanegra, Público| 31 enero 2026
El prerrománico asturiano, la mezquita-catedral de Córdoba, la Giralda en Sevilla. Son ejemplos señeros de lo que supuso la inmatriculación —inscribir un bien por primera vez en el registro de la propiedad— que desde el año 1946, la Iglesia ha practicado en España. «Los bienes de esa naturaleza no pueden ser vendidos, no pueden ser hipotecados, no pueden ser embargados porque no tienen dueño, porque no son de nadie, exactamente igual que el Machu Picchu o que las pirámides de Giza. El que se inscribieran fue como consecuencia de la utilización de una norma inconstitucional», afirma a Público el escritor y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, quien acaba de publicar junto al periodista e investigador Aristóteles Moreno el volumen El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica (editorial Akal), que incluye una exhaustiva investigación sobre lo sucedido con la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los paradigmas de la operación eclesiástica con el patrimonio.
En las conclusiones del libro, sus autores lamentan que este asunto, que aún está por resolver, se haya abandonado o al menos aparcado. «A nuestro juicio, esta es la revolución pendiente: la ciudadana», aseguran. «Creíamos que no podía tener dueño lo que más vale; hasta que se privatizó a escondidas por los obispos. […] El mismo pueblo capaz de manifestarse por conceptos jurídicos tan complejos como amnistía o dación en pago no ha hecho lo propio ante la mayúscula apropiación registral perpetrada con unas normas franquistas e inconstitucionales», escriben Rodríguez y Moreno.
«Seguimos sin conocer cuales son los bienes inmatriculados desde 1946 y seguimos sin poder usar ese listado hecho público en 2017 porque no permite identificar los bienes», analiza José María Rosell, de la plataforma Recuperando, en conversación con Público. El listado de 34.961 bienes inmuebles inmatriculados por la vía de la mera certificación de cada diócesis entre 1998 y 2015, que el Gobierno envió al Congreso en febrero de 2021, está incompleto y no permite saber con exactitud cuáles son los bienes inmatriculados, según Recuperando.
La plataforma lleva tiempo intentando que el Gobierno publique las notas simples del registro de la propiedad, en las que se basó el listado de 2021, y amplíe el campo de estudio hasta 1946, año en el que en pleno franquismo se modificó la legislación hipotecaria, lo que elevaría el total de inmuebles inmatriculados por los obispos—.
En esta línea, Izquierda Unida —parte del grupo parlamentario de Sumar— ha pedido por escrito al Gobierno que explique «los motivos por los que se niega a facilitar la información completa de las fincas, a pesar de que dicha información es pública, obra en poder del Gobierno y, más aún, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno avaló su entrega a cualquier persona interesada». El Ejecutivo aún no ha respondido a la pregunta.
Ello permitiría, según Rosell, «hacer auditorías, inventarios y estudios que determinaran cuáles de los bienes inmatriculados tienen carácter público». «El problema está en que hay miedo y un mirar hacia otro lado», añade Rosell. Para Rodríguez y Moreno, además de la «ignorancia impuesta sobre la cuestión merced al apagón informativo ordenado por la derecha mediática» y del «miedo al poder eclesiástico incrustado en el ADN desde hace siglos», otra de las razones que explican la inacción es la «pérdida de conciencia de lo público».
«Lo que ha ocurrido —plantea Rodríguez a Público— es que la inmatriculación no se ha declarado formalmente inconstitucional, pero que no se haya hecho esa declaración no significa que no lo sea. En consecuencia, para recuperar estos bienes, lo primero es tener claro que no han dejado de ser nuestros, a pesar de la de la apariencia. Lo que hay que hacer es [lograr] que se declare la inconstitucionalidad. Eso se puede hacer en cualquier momento porque la norma [que avaló estas inmatriculaciones] es nula y cuando una norma es nula, no produce efecto y se puede declarar su nulidad en cualquier momento». «Tendrían que haberlo hecho —agrega Rodríguez— los registradores al calificar los bienes, [pero] no lo hicieron».
La Conferencia Episcopal tiene en su página web una amplia entrada, que se puede consultar aquí, donde explica su posición al respecto de este asunto. Así, la Iglesia justifica las inmatriculaciones con diversos argumentos, entre ellos responde de este modo a la pregunta: ¿Pero todos estos bienes no son del pueblo? «Durante siglos, efectivamente, el pueblo “católico” ha construido y confiado a la Iglesia distintos bienes para que ésta pudiera realizar su labor: el anuncio del Evangelio (apostolado), la celebración de la fe (culto) y el ejercicio de la caridad. Los bienes de la iglesia se destinan precisamente a estos fines. La Iglesia administra, cuida y pone a disposición de todos estos bienes, que cumplen una función religiosa y también, en muchos casos una función cultural».
Además de este libro, se ha presentado recientemente el trabajo titulado Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Robo organizado, editado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. En este estudio, una obra colectiva, en la que también colaboran Rodríguez y Moreno, se denuncia además que «la Iglesia católica no solo mantiene la titularidad de estos bienes, sino que los explota económicamente sin rendir cuentas, mientras los ciudadanos soportan los costes de mantenimiento de muchos de estos inmuebles».
Los obispos argumentan lo contrario: «En su inmensa mayoría, dichos bienes generan importantes costes de mantenimiento y conservación para la Iglesia, que la Iglesia realiza por entender que forma parte de su misión. La inmensa mayoría de esos bienes tienen naturaleza no enajenable, con lo que la posibilidad, que algunos apuntan, de hacer negocio, es inexistente». «Son muy pocos los bienes —añade la Iglesia— que son económicamente rentables, precisamente aquellos por los que se insiste hasta la saciedad, frente a otros que pasan de largo».
La plataforma navarra, para lograr la reversión de los bienes, plantea en el libro las siguientes posibilidades: «Quizás la forma más sencilla sería que un gobierno se atreviera a declarar nulo lo que ya es nulo de pleno derecho: las inmatriculaciones realizadas con una simple declaración eclesiástica. Otra fórmula sería la expropiación forzosa sin indemnización de los bienes inmatriculados irregularmente».
La plataforma remacha: «La reversión de la apropiación masiva de bienes por parte de la Iglesia católica es una cuestión sin resolver a día de hoy, nacida de un expolio amparado por leyes franquistas y mantenida por la inacción de los gobiernos democráticos. Se trata de devolver al pueblo lo que es del pueblo».
Una investigación sobre la mezquita
Aristóteles Moreno explica a Público que «el libro en realidad es el resultado de una investigación muy larga que ha durado años». «Es un compendio de todo el debate y hay novedades. Añadimos nuevos datos y nuevos documentos que avalan que la mezquita de Córdoba nunca fue propiedad privada y siempre fue un edificio de titularidad pública».
«Hay muchísimos elementos que lo demuestran y hay algunos episodios —argumenta Moreno— que son particularmente llamativos. Puedo citar, por ejemplo, un incendio que se produce en 1910, el primer gran incendio que se produce en la mezquita y que desata una polémica porque no tenía pararrayos».
«Hemos hecho un vaciado de toda la hemeroteca de la época del siglo XIX y del siglo XX y ahí se constata en dos recortes de prensa del diario Córdoba y de un periódico que se llamaba El Defensor de Córdoba, que es un periódico católico, donde en medio de la polémica que se suscita a raíz del incendio, el propio obispo se exculpa de esa responsabilidad porque dice que la mezquita es incumbencia del Estado. Lo dice él personalmente y así lo recogen dos periódicos, el Diario Córdoba y el Defensor de Córdoba».
Raúl Bocanegra
Redactor de Público en Andalucía desde abril de 2018. Profesor colaborador de redacción periodística en la UOC. Licenciado en Derecho y máster en periodismo por la UAM/El País. Le gusta el baloncesto y leer. Cuando tiene tiempo, escribe. Es autor del relato Río Tuerto. Lo puedes localizar en el correo rbocanegra@publico.es.