Recogemos aquí tres noticias de prensa sobre inmatriculaciones realizadas por el ayuntamiento de Monterde inscribiendo bienes a nombre del ayuntamiento que ha causado malestar entre vecinos.
A diferencia de las inmatriculaciones realizadas por la iglesia (una entidad privada) con una simple certificación eclesiástica, las inmatriculaciones realizadas por un ayuntamiento (un nivel de la administración pública) no carecen de la legitimidad necesaria y deben de tener como objeto la defensa de los bienes públicos que a todos corresponden.
En todo caso, la polémica está servida.
«Deseamos fervientemente que este Auto sea el último y definitivo capítulo de esta controversia, tan larga como lamentable, que nos ha enfrenta a alguien tan de la Iglesia como es un Obispo», señala en un comunicado Sor Ángeles Sanz Rodríguez, OSH, Presidenta Federal Priora del Monasterio de Santa Isabel.
asturiaslaica.com – Fuentes: Vida Nueva / Diario de Mallorca / Religión Digital, 6 de junio de 2024
En 2022 un juzgado canceló la inmatriculación del conjunto de valiosos edificios a favor del Obispado y otorgó la titularidad a la orden de religiosas que lo habitaban. En mayo de este 2024, la Audiencia Provincial de Baleares desestimó el recurso del Obispado de Mallorca por la propiedad del Monasterio de Santa Isabel, confirmando la decisión del Juzgado que reconocía a las religiosas como dueñas de este complejo que el obispado de Mallorca había inmatriculado en 2014.
La polémica de las inmatriculaciones, que el Gobierno afrontará en los próximos meses, pone en el centro del debate la propiedad del ingente legado cultural de España. Pero, ¿qué ocurre en otros estados vecinos? Francia, Portugal y México abanderan el grupo de países que lo consideran patrimonio público. Grecia, Austria o Alemania, por contra, admiten con matices la titularidad de las organizaciones religiosas.
Interior de una Iglesia / Pixabay
Aristóteles Moreno, Público.es / CÓRDOBA, 09/08/2020
La polémica de las inmatriculaciones, que el Gobierno afrontará en los próximos meses, pone en el centro del debate la propiedad del ingente legado cultural de España. Pero, ¿qué ocurre en otros estados vecinos? Francia, Portugal y México abanderan el grupo de países que lo consideran patrimonio público. Grecia, Austria o Alemania, por contra, admiten con matices la titularidad de las organizaciones religiosas.