La Coordinadora RECUPERANDO ha enviado al papa León XIV, por correo postal, un escrito en formato «carta abierta». También se le ha hecho llegar a través de la Nunciatura Apostólica en España y de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
La carta abierta solicita su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y ante las diócesis españolas. El escándalo de las inmatriculaciones de bienes inmuebles de forma masiva, con lo que ello supone de apropiación de patrimonio histórico y cultural además de otros bienes de todo tipo, resulta incompatible con el evangelio predicado.
Aquí puede descargar el fichero PDF con el contenido de la carta.
Papa León XIV:
En su Ángelus del 21 de septiembre de 2025, usted recordó que “el valor más importante no es la acumulación de los bienes materiales” y llamó a administrar los bienes “con justicia y responsabilidad”, no desde el egoísmo ni desde la riqueza puesta en primer lugar, sino como instrumento para compartir y construir un mundo “más justo, más equitativo y más fraterno”.
Desde la Coordinadora RECUPERANDO nos dirigimos públicamente a usted porque esas palabras expresan con gran claridad una convicción que compartimos: los bienes destinados al servicio religioso, de la comunidad y del bien común no pueden convertirse en objeto de apropiación patrimonial, acumulación inmobiliaria o enriquecimiento particular. La Iglesia no debería comportarse como propietaria de aquello que recibió para custodiar, servir y poner al servicio del pueblo, no le hace falta, no es el mensaje cristiano.
Sin embargo, en España, durante décadas, la jerarquía de la Iglesia católica ha actuado en sentido contrario a esos principios. Aprovechándose de un privilegio hipotecario concedido por el genocida dictador de este país, que gobernó durante 40 años por la fuerza y con tiranía, amparándose en un Estado nacionalcatólico, pudo inscribir a su nombre miles y miles de bienes inmuebles sin aportar título de propiedad escrito, mediante una pretendida certificación eclesiástica expedida por el propio obispo, como si fuera un poder público más del Estado español. Mientras, cualquier ciudadano o entidad privada debía acreditar documentalmente su derecho de dominio, la Iglesia fue tratada como si pudiera dar fe pública de sus presuntas propiedades. La Coordinadora RECUPERANDO ha denunciado reiteradamente que ese privilegio procede del Estado dictatorial, fue ampliado en 1998 y se mantuvo vigente hasta 2015, inexplicablemente, pese a los valores y principios que defiende nuestra Constitución.
El resultado ha sido una de las mayores operaciones de apropiación patrimonial de la historia reciente de España, mediante un procedimiento excepcional, contemplado para las Administraciones Públicas del Estado español. Solo entre 1998 y 2015, el listado hecho público por el Gobierno recogió 34.961 bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica, de los cuales 20.014 eran lugares de culto (iglesias, ermitas, catedrales,…) y dependencias eclesiásticas y 14.947 eran fincas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento, plazas y jardines públicos, frontones, u otros bienes. De ellos, 30.335 fueron inmatriculados sin aportar título alguno de propiedad. Pero RECUPERANDO viene advirtiendo que ese listado es parcial y que, si se incluyeran las inmatriculaciones realizadas desde 1946, la cifra total podría superar ampliamente los 100.000 bienes.
No hablamos solo de templos. Hablamos de ermitas, casas rectorales, huertos, cementerios, plazas, caminos, fincas rústicas, viviendas, solares, bienes comunales y elementos esenciales del patrimonio histórico y cultural de pueblos y ciudades. Bienes construidos, mantenidos, restaurados o conservados con el esfuerzo de generaciones enteras y con fondos públicos han pasado a figurar registralmente como propiedad privada de diócesis, parroquias u otras entidades eclesiásticas.
Esta situación es especialmente grave porque ha invertido la carga de la prueba. La Iglesia católica que se benefició de ese privilegio no tuvo que demostrar que el bien era suyo; ahora, en cambio, son los ayuntamientos, los vecinos, las administraciones públicas o las comunidades afectadas quienes deben acudir a costosos procedimientos para probar que aquello que siempre fue común no debía haber sido inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia.
Por eso le pedimos que mire esta cuestión no solo como un conflicto administrativo o registral, sino como un problema moral. La Iglesia española no puede proclamar que no tiene ánimo de lucro, la función social de los bienes, la solidaridad y la justicia mientras conserva en su patrimonio bienes inmuebles cuya titularidad no ha acreditado debidamente. No puede hablar de servicio si mantiene como propiedad aquello que debería custodiar. No puede denunciar la acumulación de riqueza si al mismo tiempo se beneficia de una aprehensión inmobiliaria obtenida mediante un privilegio otorgado por un dictador, incompatible con el principio que proclama de no tener ánimo de lucro, la igualdad, la transparencia, y el respeto al bien común.
Las Siete Partidas recordaban ya que las cosas sagradas no pertenecen en señorío a los clérigos, sino que estos las tienen como “guardadores et servidores”. Sus propias palabras actualizan esa antigua sabiduría: los bienes no deben detentarse desde el egoísmo ni desde la acumulación, ni con el ánimo de lucro, sino desde la justicia, la responsabilidad y la fraternidad.
Por todo ello, solicitamos su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y ante las diócesis españolas para que la Iglesia católica:
1. Reconozca públicamente el privilegio hipotecario del que se benefició.
2. Publique de forma completa, clara y verificable, en formato digital, todos los bienes inmatriculados a su nombre desde 1946 con aquel privilegio franquista de manera que sean identificables y se explicite el título de adquisición aportado.
3. Devuelva voluntariamente aquellos bienes inmuebles que no pueda acreditar como legítimamente adquiridos mediante título escrito, promoviendo su cancelación registral.
4. Colabore con las administraciones públicas y con las comunidades locales para restituir al patrimonio común los bienes indebidamente apropiados.
5. Renuncie expresamente a defender como propiedad privada aquello que solo debería conservar como custodia, uso religioso o servicio comunitario.
No le pedimos un gesto simbólico. Le pedimos un acto de justicia. La devolución de los bienes indebidamente inmatriculados sería una señal histórica de coherencia con su evangelio, reparación democrática, defensa de lo público y respeto al pueblo. Así lo interpreta y reivindica también Redes Cristianas, que forma parte de esta Coordinadora RECUPERANDO. Sería también una forma concreta de demostrar que la Iglesia no quiere lucrarse con los bienes del pueblo, sino servir; que no pretende apropiarse lo que es común, sino custodiarlo; que no quiere actuar como propietaria privilegiada, sino como comunidad al servicio de quienes más necesitan justicia.
Atentamente,
Coordinadora RECUPERANDO
Por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica
www.recuperando.es / coordinadorarecuperando@gmail.com
Mayo de 202