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Categoría: España

Entradas de España

IU impulsa desde el grupo de Sumar una batería de actuaciones para que el Gobierno cumpla con la “recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica”

Los/as diputados/as de Izquierda Unida en el Grupo Plurinacional Sumar Engracia Rivera y Nahuel González, junto al también parlamentario del grupo Francisco Sierra han registrado una iniciativa donde, entre otras cuestiones, abordan la posibilidad de que el Ejecutivo tramite “en los mismos términos” el proyecto de ley de Patrimonio Histórico paralizado la pasada legislatura “en el que se reconocía que los bienes de interés cultural en posesión de la Iglesia católica no puedan ser enajenados a terceros, sólo a favor de la propia iglesia o al Estado”

Engracia Rivera, Nahuel González y Francisco Sierra

izquierdaunida.org  tercerainformacion.es  asturiaslaica.com 02/11/2023

Los/as diputados/as de Izquierda Unida en el Grupo Plurinacional Sumar Engracia Rivera y Nahuel González, junto al también parlamentario del mismo grupo Francisco Sierra han registrado una completa iniciativa parlamentaria para conocer con detalle la actuación realizada desde el Gobierno con vista a impulsar la “recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica durante años”.

Rescatar a los curas pederastas

En el entramado de la sociedad contemporánea, los temas de justicia y reparación ocupan un lugar preeminente en las discusiones públicas, especialmente cuando se trata de instituciones tan arraigadas y poderosas como la Iglesia Católica. Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha puesto el dedo en la llaga al concluir de manera contundente que la Iglesia Católica oculta y protege a sus miembros acusados de pederastia.

Laura Rangel Ybarra, bilbaohiria.com – 28 de octubre de 2023

Una realidad difícil de ignorar

No es un secreto que la Iglesia ha sido escenario de numerosos escándalos relacionados con abusos sexuales a menores por parte de clérigos. Las víctimas, en su mayoría, han cargado en silencio con las secuelas de estos actos atroces. Gabilondo no ha dudado en señalar esta triste realidad, subrayando la urgencia de tomar medidas para erradicar esta lacra.

La propuesta de un fondo de indemnización surge como una alternativa para brindar justicia y reparación a las víctimas. Pero, ¿es justo que seamos todos quienes contribuyamos a este fondo? La pregunta está en el aire y la respuesta no es sencilla.

Inmatriculaciones: un trasfondo económico polémico

La Iglesia Católica, a lo largo de los años, ha acumulado una riqueza inmensa, en parte gracias a las inmatriculaciones, un proceso mediante el cual ha adquirido propiedades a precios irrisorios. Gabilondo no ha pasado por alto este detalle, enfatizando que no debería ser la sociedad quien pague por los pecados de la Iglesia.

La comparación con el rescate bancario es inevitable. En ambos casos, se plantea un escenario en el que el dinero de todos parece ser la solución para problemas provocados por unos pocos. ¿Es justo cargar sobre las espaldas de la sociedad la responsabilidad de reparar los daños causados por los abusos sexuales en la Iglesia?

Un llamado a la reflexión y acción

Es imperativo abrir un espacio para la reflexión. No podemos olvidar que detrás de cada caso de abuso hay una historia de dolor y sufrimiento. Las víctimas merecen justicia, merecen ser escuchadas y merecen reparación.

La propuesta de Gabilondo pone sobre la mesa la necesidad de buscar soluciones efectivas y justas. Pero más allá del fondo de indemnización, es crucial abogar por un cambio estructural dentro de la Iglesia Católica, que garantice que estos actos no queden impunes y no se repitan en el futuro.

Conclusión

En resumidas cuentas, nos encontramos ante un dilema complejo y delicado. La lucha contra la pederastia en la Iglesia Católica exige valentía, transparencia y una búsqueda incansable de justicia. Gabilondo ha dado un paso en la dirección correcta al señalar la problemática y proponer soluciones, pero es tarea de todos exigir y trabajar por un cambio real y efectivo. Las víctimas no pueden esperar más.

Nota de Prensa (18/10/2023): Recuperando reclama al futuro Gobierno de coalición que cumpla sus compromisos sobre las inmatriculaciones de la Iglesia

Más de 30 organizaciones patrimonialistas piden modificaciones legislativas para anular las 100.000 inscripciones eclesiásticas, un listado completo de los bienes e impedir la privatización de los monumentos protegidos

18 de octubre de 2023.

Más de 30 colectivos patrimonialistas integrados en la coordinadora estatal Recuperando han enviado una carta a los partidos que negocian la investidura de Pedro Sánchez para que no se olviden de las inmatriculaciones de la Iglesia y cumplan el compromiso adquirido en el anterior mandato de ejecutar “modificaciones legislativas” para anular las inscripciones episcopales. Las asociaciones cívicas piden recuperar los bienes de dominio público, muchos de ellos monumentos de enorme valor patrimonial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda o el tesoro prerrománico de Asturias.

En una misiva de folio y medio, Recuperando cita expresamente tres reclamaciones en relación a las inscripciones episcopales. La primera de ellas es la realización de cambios legales que permitan la cancelación de las decenas de miles de inmatriculaciones practicadas por los obispos al amparo de una ley franquista claramente inconstitucional.

También solicitan todas las notas simples de las inscripciones desde 1946 y no un mero listado, que impide identificar con detalle los bienes inmatriculados. El Gobierno presentó un inventario de fincas registradas por la Iglesia pero limitado a los años 1998 – 2015. Todos los anteriores a esa fecha aún permanecen inéditos. Si se amplía el periodo hasta 1946, año de la promulgación de la franquista Ley Hipotecaria, las organizaciones ciudadanas creen que el número de bienes podría alcanzar los 100.000, muchos más de los 34.000 del listado publicado hasta ahora por el Gobierno, en cumplimiento de un acuerdo parlamentario tras la petición formulada por Recuperando en 2017.

Los colectivos patrimonialistas consideran insuficiente hacer público el número de bienes inmatriculados por la Iglesia si la medida no va acompañada de “modificaciones legislativas” que revoquen todas las inscripciones y se recupere aquellas que pertenecen al dominio público o forman parte del inmenso tesoro del patrimonio histórico español.

En tercer lugar, Recuperando también solicita al futuro Gobierno que rescate el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que incomprensiblemente fue guardado en un cajón del Ministerio de Cultura. La coordinadora pide que el ordenamiento defina jurídicamente qué bienes son de dominio público y cómo pueden ser blindados legalmente para impedir su apropiación por terceros, como ha sucedido de forma masiva en el caso de las inmatriculaciones eclesiásticas. Igualmente reclama que los monumentos catalogados como bienes de interés cultural (BIC) actualmente bajo tutela de la Iglesia no puedan ser privatizados bajo ningún concepto. Así figuraba en uno de los artículos del anteproyecto redactado bajo el mandato del ex ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo texto fue sorprendentemente congelado por orden de Miquel Iceta.

Y de las inmatriculaciones, ¿qué?

La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos que reclaman la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia, presentó en el Congreso de los Diputados el 9 de febrero de 2017 una iniciativa para que la Cámara demandase del Ejecutivo información sobre las inscripciones episcopales. Unas semanas más tarde, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos promovieron sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en tal sentido. El 4 de abril, la Comisión de Justicia aprueba la PNL presentada por el PSOE. El 19 de octubre de 2017, el Gobierno de Rajoy, tras varias negativas, responde que se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo desde 1998.

Andrés Valentín, Infolibre, Plaza Pública – 17 de octubre de 2023

Pedro Sánchez, en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, manifestaba lo siguiente: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.“ Con esta referencia explícita venía a comprometer los programas electorales del PSOE (apartado 2.3.1.) y de Unidas Podemos (apartado 137), y del programa del Gobierno de coalición (apartado 5.11).

 

Jugarse el tipo por salvar el patrimonio en plena dictadura

La última investigación de los profesores María José Martínez Ruiz y José Miguel Merino de Cáceres, recientemente fallecido, pone en valor las voces críticas contra la operación de traslado a Nueva York del ábside segoviano de Fuentidueña en 1958

Los arquitectos César Cort Botí y Leopoldo Torres Balbás

“El académico que suscribe disiente del acuerdo tomado por mayoría de votos para autorizar el traslado del monumento y formula este voto particular para no tener remordimiento alguno de conciencia, si alguna vez llegase a contemplar esta obra de arte en tierra extraña”. Tal afirmación podría hoy pasar desapercibida entre las toneladas de información que circulan por la red. Hacerlo en 1957, en plena dictadura, cuando el régimen ya veía clara la decisión de enviar la cabecera de una iglesia románica al museo The Cloisters, en Nueva York, cambia sensiblemente el contexto. En el debate en el que la Real Academia de Bellas Artes dio su placet al Gobierno de Franco, el arquitecto valenciano César Cort Botí no solo contradijo a la mayoría de sus colegas, sino que formuló un durísimo voto particular. Aun así, el ábside de Fuentidueña acabó viajando en 1958 a “tierra extraña”, como temía Cort, quien tuvo que acudir, como había prometido en el documento, a los versos de Quevedo: “Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, hoy desmoronados”.

José María Sadia, eldiario.es / 12 octubre 2023

La Iglesia recibió casi un millón de euros de la PAC entre 2021 y 2022

Las ayudas de la PAC para la Iglesia católica, en muchos casos, se conceden por el ‘Régimen de pago básico’, un sistema de ayudas desacoplado de la producción.

Pedro Sánchez con el presidente de la Conferencia Episcopal en enero de 2022. LA MONCLOA / Licencia CC BY-NC-ND 2.0

Óscar F. Civieta, lamarea.com – 15 septiembre 2023 

Entre 2021 y 2022, la Iglesia católica recibió 918.611,04 euros de la Política Agraria Común (PAC). Cantidad que percibió por ser propietaria de cuantiosas porciones de terreno en toda España, a nombre de diferentes titulares; por ejemplo, parroquias, obispados, congregaciones o diócesis.

Algunos de estos terrenos fueron inmatriculados entre 1998 y 2015, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar. Según los datos oficiales del Gobierno de España, la Iglesia registró a su nombre 35.048 bienes, de los que 20.014 eran templos y dependencias complementarias y 12.839 fincas rústicas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento, etcétera.

La nueva legislatura arranca con un amplio paquete de reformas laicas sin cumplir

El Ejecutivo progresista terminó su mandato dejando casi intactos los privilegios de la jerarquía católica y con apenas tímidos avances en simbología religiosa, eutanasia y ampliación del aborto.

Gracias… por nada


Varias filas de bancas en una iglesia – PIXABAY

ARISTÓTELES MORENO en Público – CÓRDOBA 11/08/2023

La nueva legislatura, que arrancará formalmente la próxima semana con la constitución del Congreso y el Senado, comienza con un amplio paquete de reformas laicas pendientes, que el anterior Gobierno progresista de coalición dejó sin abordar pese a las notables expectativas levantadas.

N. de P. 17-07-2023 – Los partidos olvidan el escándalo de las inmatriculaciones en sus programas del 23-J

Los partidos olvidan el escándalo de las inmatriculaciones en sus programas del 23-J

Recuperando denuncia la “falta de compromiso” del Gobierno de coalición en la recuperación de miles de bienes de interés cultural

Ninguno de los cuatro partidos con opciones a gobernar España a partir del 23-J ha incluido en sus programas electorales referencia alguna al escándalo de las inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia católica inscribir a su nombre más de 100.000 bienes, entre ellos monumentos de enorme valor cultural, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas, viviendas y hasta frontones.

De los programas del PSOE y Sumar ha desaparecido la cuestión de las inscripciones episcopales cuando en las elecciones anteriores habían ocupado un lugar destacado en las prioridades políticas del Gobierno de coalición. Hasta el presidente Pedro Sánchez hizo una mención inequívoca en su discurso de investidura al anunciar “reformas legislativas” para “revertir” las inmatriculaciones.

Cuatro años después, ninguna iniciativa parlamentaria ha modificado ni un ápice de las disposiciones normativas que permitieron a los obispos apropiarse de miles de bienes de interés cultural. La única decisión que el Ejecutivo de Sánchez tomó en relación al escándalo de las inscripciones episcopales fue la entrega al Congreso de los Diputados del listado de bienes inmatriculados en cumplimiento de una petición parlamentaria formulada con anterioridad.

En ese inventario, figuraban 34.000 bienes registrados entre 1998 y 2015, pero dejaban fuera varias decenas de miles inscritos desde 1946. La coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de asociaciones patrimonialistas, mostró entonces su satisfacción por un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano, aunque lamentó que el Gobierno de coalición no tuvo la valentía de dar un paso firme en dirección a la recuperación de los bienes inmatriculados.

El listado gubernamental de bienes venía acompañado de un informe jurídico que admitía la “supuesta inconstitucionalidad” del artículo 206 de la Ley Hipotecaria pero no habilitaba ninguna fórmula legislativa para declarar la nulidad de las inscripciones y, en la práctica, se lavaba las manos en un asunto de Estado que exige una solución global, tal como ha solicitado Recuperando de forma reiterada.

Las asociaciones patrimonialistas lamentan la “pasividad” de la administración pública para resolver una cuestión de interés general y denuncian el “olvido” y la “falta de compromiso” de las dos fuerzas principales del Gobierno de coalición al borrar de sus programas electorales toda mención a las inmatriculaciones eclesiásticas.

Recuperando apuesta por una reforma legislativa que invalide por inconstitucionales todas las inscripciones episcopales realizadas al amparo de la mera autocertificación diocesana y una ley que clarifique qué bienes culturales son de dominio público y, por tanto, no pueden ser objeto de privatización alguna.


Coordinadora Estatal RECUPERANDO, 17/07/2023

Huertas, montes, fincas, casas… no solo iglesias: Antes del Pueblo, Ahora del Vaticano

Los privilegios de la Iglesia católica a la hora de registrar a su nombre inmuebles, incluso de dominio público, con solo la certificación eclesiástica se plasmaron en una ley de 1946, cuya norma, como sabemos, consideraba a la Iglesia de la misma forma que a las administraciones públicas y, por tanto, le permitía registrar bienes inmuebles mediante un procedimiento rápido y sencillo, la certificación del obispo, sin tener que presentar la documentación que sí se exigían al resto de personas físicas y jurídicas para acreditar una propiedad. Entonces, oficialmente, no se podían inmatricular bienes de culto, lo que sí facilitó la Ley de Aznar de 1998.

asturiaslaica.com / 2 de julio de 2023