El Obispado de Vic, en Sant Vicenç de Castellet, se equivocó y tuvieron que anular la inmatriculación de la casa de payés de Cal Campaner y parte de la superficie forestal. Y, por tanto, devolverla a su propietario, porque no era una casa rectoral.
Joan Casajoana y Vives es el responsable de las inmatriculaciones de la Iglesia de Unió de Pagesos
Se equivocó de nuevo y tuvieron que anular y devolver la inmatriculación de la iglesia de San Jaime del Clot del Grao de Castellfollit del Boix (Bages) a su legítimo propietario. Ahora reconocen el error cometido en Maians (Bages) y quieren anular en parte la doble inmatriculación ilegal y devolver los terrenos a los vecinos de Maians, que son sus legítimos propietarios. Pero, de nuevo, se equivocará si no devuelven también los edificios (iglesia, casa rectoral y cementerio). El Derecho civil prima sobre el derecho canónico y el título de propiedad legal es de los vecinos del pueblo. El Obispado de Vic inmatriculó en el 2012.
uniopagesos.cat, asturiaslaica.com – 21 de marzo de 2023
Los patrimonios históricos y culturales de los pueblos y ciudades (iglesias, casas rectorales y cementerios) eran bienes siempre considerados de dominio público -últimamente (de 1861 hasta 1998) por la Ley hipotecaria de 1861, por la ley hipotecaria franquista de 1946 y el Reglamento Hipotecario de 1947—, tal y como lo son en Portugal, Francia, Bélgica, Alemania y otros países. Son bienes comunes, colectivos y comunitarios de las poblaciones, levantados, construidos y mantenidos por los vecinos a través de aportaciones voluntarias de las familias durante siglos y generaciones, mediante dinero o trabajo directo (trabajo). Los pueblos y ciudades, a través de los Usos y Costumbres, cedieron el uso de estos bienes a la iglesia, pero nunca cedieron su propiedad, que fue robada con las inmatriculaciones; históricamente la iglesia no quería su propiedad.
La iglesia, como siempre, ha puesto la mano, y pedía a todo el mundo, pero no ponía nada para hacer las iglesias, las casas rectorales y cementerios. La inmatriculación a nombre de los obispados y de su CIF de estos bienes es un despropósito, porque los obispados son iglesia diocesana, iglesia jerárquica, el Vaticano y, por tanto, entidad privada, lo que significa que no puede registrar a su nombre y CIF bienes que son comunes, colectivos y comunitarios. Dicho de otro modo, en su nombre nunca han construido ninguna iglesia ni rectoría ni cementerio. No han participado ni en la construcción ni en la conservación y el mantenimiento. No han dedicado presupuestos para mantener estos edificios, porque esto lo hacían los pueblos a través de la gente, algo fácil de demostrar si miramos los presupuestos de los obispados. El ecónomo responsable del patrimonio del Obispado de Vic lo decía todo satisfecho: “Nosotros no hemos pagado ningún edificio con nuestros presupuestos del obispado”. Esto lo pagan los pueblos.
El Obispado de Vic dice que en el período 1998 a 2015 inmatriculó legalmente. El proceso de inmatriculación fue ilegal, ya que utilizaron el Artículo 206 de la Ley hipotecaria de la ley franquista de 1946 que otorgaba privilegios a la iglesia, pero en este período ya no estaba vigente desde la aprobación de la Constitución de 1978. Por tanto, el Obispado perdió los privilegios: la condición de autoridad y administración pública, los obispos ya no eran notarios, no podían hacer certificaciones de dominio, ni podían inscribir bienes en el registro de la propiedad sin escritura ni título de propiedad protocolizadas por las notarías. Si no tienen escrituras ni título de propiedad, al igual que todos los mortales, la ley obliga a hacer un expediente de dominio y probar la propiedad ante el juez, probar la posesión,
Con las inmatriculaciones hechas se ha vulnerado la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho, el Derecho Europeo, los convenios internacionales firmados por el Estado Español y los derechos garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos. El tribunal de Estrasburgo se ha pronunciado en esa dirección. En cualquier país democrático y de derecho, los obispos que inmatricularan estarían todos en prisión, pero al gobierno español de coalición del PSOE y Unidas Podemos le tiemblan las piernas.
La pasividad de los poderes públicos del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la no resolución de las inmatriculaciones representa un indulto en el expolio, saqueo y pillaje de la jerarquía de la Iglesia católica que ha inmatriculado más de 100.000 bienes en todo el Estado Español y ante el mayor escándalo inmobiliario del mundo, “hacen el orni”, (se hacen los suecos).