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Preguntas y respuestas: Qué son las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia

Entre 1998 y 2015 la Iglesia inmatriculó casi 35.000 bienes de los que ahora reconoce errores en casi un millar

Ministerio de la Presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática

Por Nahiara S. Alonso y Ana Gómez, en www.newtral.es / 31 enero 2022

El Gobierno ha entregado esta semana un listado de casi un millar de bienes inmatriculados que la Iglesia no reconoce como propios a los representantes de los municipios. Se trata de un informe que ha realizado la Conferencia Episcopal para estudiar el listado remitido por el Ejecutivo al Congreso de los Diputados el año pasado sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015.

El documento del Ejecutivo revela que de los más de 34.976 bienes que la Iglesia puso a su nombre, 1.027 se inmatricularon indebidamente. Por su parte, la Iglesia asegura que de los casi 35.000 registros que envió el Gobierno losbienes correctos son 32.401. Según sus cálculos hay 2.575 errores de los cuales 949 son de adjudicación mientras que el resto son duplicidades o bienes inscritos con anterioridad, entre otros.

Explicamos qué son estas inmatriculaciones de la Iglesia y qué puede pasar a raíz de la presentación del informe.

¿Qué son las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia?

El proceso de las inmatriculaciones de la Iglesia comienza alrededor de 1946 con la reforma hipotecaria de Franco, según explica el experto en información religiosa Jesús Bastante a Newtral.es, que comenta que esta ley surge para “intentar reparar lo que pasó en 1822 con la desamortización de Mendizábal cuando se nacionalizaron los bienes de la Iglesia”.

Por inmatriculación se entiende la primera inscripción de una finca que no consta previamente inscrita de manera individual. Es decir, registrar un bien a nombre de alguien.

Así, en esa época se permitió que la Iglesia inmatriculara todos sus bienes no destinados al culto. Más adelante, a raíz de la modificación del Reglamento Hipotecario del Gobierno de José María Aznar, se concedió un plazo a la Iglesia para “poder inmatricular a su nombre los bienes que no había inmatriculado porque no se lo permitía la ley”, comenta Bastante. Es decir, en este caso también podía inmatricular los bienes destinados al culto.

“Lo que pasa es que la Iglesia inmatriculó no solo esos, que son los templos, sino otra serie de terrenos. La mayoría con la justificación de que son aledaños o es la casa del sacristán o es el cementerio anejo a la Iglesia o un terreno que se utiliza para campamento, por poner un ejemplo”, explica el experto en información religiosa.

El proceso era muy sencillo, ya que como autoridad el obispo actuaba en una doble vía: como interesado y como fedatario. “Su firma en un registro equivale a la de un notario. Él decía: ‘esto es de la Iglesia’ y ya está”, señala Bastante.

Además, este proceso era totalmente gratuito. “El proceso no les costó nada en ningún caso. Lo que se habla de la mezquita de Córdoba de los 30 euros es lo que cuesta el papel y el sello en el registro”, explica el experto.

¿Qué dice el informe que ha presentado la Conferencia Episcopal y el que ha dado el Gobierno a la FEMP?

El Congreso de los Diputados envió un listado a la Conferencia Episcopal (CEE) en febrero de 2021 con las inmatriculaciones de las diócesis entre 1998 y 2005. En él recogían que había 34.976 registros a nombre de la Iglesia.

A raíz de ese informe, las diócesis revisaron la información y el 24 de enero de 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez y la CEE comunicaron que habían alcanzado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia.

Ese mismo día la Conferencia Episcopal publicó el “Informe sobre bienes inmatriculados por el Art. 206 de la Ley Hipotecaria de 1998 a 2005” en el que asegura que de los 34.976 registros que envió el Gobierno los bienes correctos son 32.401. Es decir, que hay 2.575 errores de los cuales 949 son de adjudicación. Así, habla de “un millar de errores en la adjudicación de propiedad a la Iglesia, pues no consta que estén inmatriculados a su nombre”. No obstante, la Iglesia no habla en ningún momento de “devolución” de bienes, porque lo que dice es que no están inmatriculados al nombre de la Iglesia.

“Ahora la Iglesia está jugando un doble juego de lenguaje porque hasta ahora siempre ha dicho que la inmatriculación no supone la propiedad. Inmatriculas un bien a tu nombre pero no haces una escritura a tu nombre, sino que en el registro colocas que ese uso siempre ha sido de la Iglesia”, comenta Bastante, que defiende que “en la práctica la inmatriculación ha supuesto la inscripción automática”. “Ahora sí que están empezando a hablar de propiedades”, explica.

El 27 de enero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, entregó al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, un listado de estos casi mil bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia.

El recuento del informe que el Gobierno envía a la FEMP es distinto al cómputo que hizo la CEE: el Gobierno incluye 84 bienes clasificados en la categoría de comunidades religiosas/otras entidades religiosas, mientras que la CEE solo recoge los siguientes bienes:

  • 608 bienes clasificados en la categoría faltan datos para identificar
  • 31 bienes clasificados en la categoría de no inmatriculados
  • 28 bienes clasificados en la categoría de otros/errores
  • 276 bienes clasificados en la categoría de otros titulares

Aparte de estos bienes, la Iglesia en su investigación ha encontrado seis bienes que en realidad pertenecen a otros cultos, como la comunidad judía o la evangélica.

¿Se van a devolver los bienes inmatriculados por la Iglesia?

Caballero ha asegurado que la información se pondrá en conocimiento de los alcaldes: “Tienen que ser devueltos a sus legítimos propietarios, sean personas físicas, sean instituciones y por lo tanto, muy simbólico y cargado de contenido y simbolismo, de acción en la democracia”, comentó el presidente de la FEMP, que además explicó que la inmensa mayoría de esos bienes “tiene un propietario indeterminado”. “Por lo tanto serán los gobiernos locales los que tendrán que hacer la investigación, el estudio y tratar de localizar a los propietarios de estos bienes».

Pese a estas declaraciones, la Iglesia no recoge en su informe el término devolver. “El lenguaje que intenta utilizar la Iglesia es que ella no devuelve nada porque esos alrededor de 1.000 bienes no son suyos, nunca han sido suyos o dejaron de ser suyos hace tiempo y nadie los registró”, comenta Bastante.

Frente a esto el experto encuentra otra dificultad, la de a quién se le devuelve: “Una institución que no es la Iglesia o una persona no tiene la capacidad de decir «esto es mío» y actuar como notario, sino que necesita algo que históricamente le diga que ha sido propietario o que el uso ha sido suyo, etc. Tiene que poder demostrarlo”.

Bastante cree que la mayoría de esos bienes “o ya no existen, o ya tienen otro propietario porque la Iglesia los vendió”. También otros han desaparecido -como algunos que se recoge en el listado que están sumergidos en un pantano-. “Habrá muchos que o intenta asumirlo el ayuntamiento de turno como propio o se quedarán en tierra de nadie y supongo que lo seguirá usando quien lo haya estado usando, que entiendo que será el párroco del sitio”, augura el experto en información religiosa.

Hay poblaciones, como por ejemplo el caso de Topares (Almería), donde los vecinos están protestando sin ir a misa después de que el Obispado haya reclamado las llaves del centro social. Este inmueble, que los ciudadanos de Topares cuentan que construyeron ellos mismos, es uno de los que la Iglesia inmatriculó como suyo, según aparece en el listado que remitió el Gobierno a la Conferencia Episcopal en 2021.

Por su parte, Bolaños también aseguró que “este es un buen comienzo, pero no es el final de la comisión de inmatriculaciones”. “Vamos a seguir trabajando con la Iglesia para devolver los bienes a sus legítimos titulares. Hay 14.000 de esos 34.000 inmuebles que no son lugares de culto. Hay que seguir trabajando”, señaló.

¿Qué va a pasar a futuro con las inmatriculaciones de bienes de la iglesia?

Con la ley de Aznar se daba un plazo específico para realizar las inmatriculaciones. Es decir, si ahora la Iglesia quiere poner a su nombre algo tiene que seguir el mismo proceso que cualquier particular, los obispos ya no pueden actuar como notarios.

El problema de los bienes inmatriculados en ese periodo, considera Bastante, es que cuando estos bienes empezaron a utilizarse “ni siquiera el pueblo se plantea un registro de la propiedad, porque todos asumen que eso es de la Iglesia”. “La Iglesia pudo colocar su nombre en bienes que nadie nunca se había planteado de quién eran. Ahora ya sí porque muchos de esos bienes están en la España vaciada en ocasiones donde la Iglesia ya no tiene uso de Iglesia y se puede plantear la venta en un futuro. Y ahí sí que hay un problema real económico”, argumenta el experto.

En cuanto a los bienes ya vendidos, Bastante explica que la Iglesia y el Gobierno han reconocido que la Iglesia actuó conforme a la legalidad: “Si era tuyo podías venderlo, otra cosa -comenta- es que ahora se demuestre que, por lo que sea, ese bien no era de la Iglesia”.

Sería algo, comenta, sumamente complicado de demostrar porque no hay títulos de propiedad en casi ningún caso. Además, alega que el informe lo único que dice es que “ahora ya no es de la Iglesia pero no quiere decir que cuando lo inmatriculó no fuera suyo y, por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo a venderlo».

¿Qué ocurre con los bienes fuera de los años recogidos en el listado?

Las asociaciones para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia calculan que hay hasta 100.000 bienes inmatriculados “desde la época franquista” y piden que estos también se investiguen. “Lo que reivindican los colectivos de recuperación es que desde la entrada de la constitución cualquier inmatriculación de ese tipo debería de ser inconstitucional”, explica Bastante.

La preocupación es que, al acotar el listado a unos años determinados y hablar de los casi 35.000 bienes, se están olvidando el resto de inmatriculaciones. “El Gobierno cumple lo que tenía que hacer pedido por el Congreso al proporcionar el listado e intentar resolver las irregularidades, pero acepta que las irregularidades solo son sobre estos bienes inmatriculados en esta época determinada”, señala el experto.

Muchos de los bienes inmatriculados por la Iglesia en todo el periodo son catedrales o bienes de interés cultural. Jesús Bastante cree que el Estado sí que tendría una vía para intentar hacer como Francia y recuperarlos al considerarse bienes de interés cultural o patrimonio de la humanidad. “Lo bueno de esto es que nadie discute el uso, nadie discute que en la catedral de San Sebastián debe haber misa”, sentencia.

Fuentes

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