El Ayuntamiento lagunero está analizando los datos del Obispado para cobrarle el IBI por distintos bienes, aunque ya se elaboró en 2012 una lista de estos inmuebles
Redacción: asturiaslaica.com / Fuentes: Atlántico Hoy (Álvaro Oliver González), El Día (D. Ramos), 23 de abril de 2023
Nueva vuelta de tuerca en la larguísima historia del cobro del IBI en los inmuebles de la Iglesia en La Laguna. Como ya publicó Atlántico Hoy hace algo más de dos años, en 2020 el consistorio lagunero redactó una lista de 115 bienes del Obispado Nivariense en Aguere que estaban exentos de pagar el IBI, tras una consulta realizada entonces por el concejal de Hacienda, Alejandro Marrero.
Hace apenas unos meses, en febrero de 2024, pese a tener la cifra de lo que la Iglesia se estaba ahorrando en total desde 2020 y haberse acordado en pleno en 2022, el Gobierno de Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) se decidió a cobrar el IBI al Obispado. No obstante, para ello el consistorio necesitaba conocer qué inmuebles se usaban para uso religioso y cuáles no, puesto que la exención a la Iglesia prevista en la ley sólo avala a los bienes utilizados para el primer fin.
Revisando la documentación del Obispado
El Ayuntamiento de La Laguna está revisando la documentación enviada por el Obispado de Tenerife para decidir qué hacer con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la Iglesia. Así lo apuntaron fuentes oficiales del grupo de gobierno (PSOE-CC) sobre un asunto controvertido, que lleva años sin ser resuelto y que en los últimos meses ha vuelto a la actualidad.
«El Obispado ya remitió la documentación sobre sus bienes en el municipio y está siendo cotejada por los técnicos del área», aseguraron las citadas fuentes. «Cuando se haya terminado de chequear toda la información se convocará una segunda reunión», expresaron al respecto.
Como se recordará, el pasado 14 de febrero ya se celebró un primer encuentro entre las partes. Por entonces, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), afirmó que el objetivo era zanjar el asunto en poco tiempo. «Nos hemos emplazado a una segunda mesa; yo entiendo que ahí se quedará todo dilucidado», apuntó el regidor local, y precisó que no tendría «mucho sentido» que el asunto se prolongase más.
Aquella primera cita coincidió con el Miércoles de Ceniza, la fecha en la que da comienzo la Cuaresma. Pero ni ese período ni el que lo ha seguido ha sido suficiente para dar carpetazo a la situación. En concreto, el problema reside en que la legislación vigente solo exime a la Iglesia del pago de este impuesto, conocido popularmente como la Contribución, en propiedades que cuentan con un uso religioso o social, pero no en otros casos.
Gutiérrez expresó el Miércoles de Ceniza que la voluntad del grupo de gobierno (PSOE-CC) en el Ayuntamiento de La Laguna es cobrar a esta entidad religiosa el IBI cuando los edificios no reúnan las condiciones para estar exentos. «La mesa bilateral, donde ha estado representada tanto la Iglesia como el Ayuntamiento, en líneas generales ha ido muy bien», manifestó en aquella ocasión el regidor local, que añadió que hubo «muchísima predisposición» por parte de la Iglesia.
Antes, el 5 de febrero, se había conocido un documento de 2020 en el que el Consistorio lagunero enumeraba unos 300 inmuebles en el municipio liberados de pagar el IBI, de los que un centenar pertenecen a la Iglesia Católica. «Convocaremos una comisión bilateral donde abordaremos todos estos aspectos», expusieron por aquella fechas fuentes oficiales del grupo de gobierno al ser preguntadas, entre otras cuestiones, por si se había dado algún paso para proceder al cobro de impuestos.
No obstante, ya en 2012 el consistorio hizo un estudio similar, cuando el entonces concejal de Hacienda Antonio Miguel Pérez-Godiño tuvo que enumerar por escrito, en respuesta a una solicitud de información de la oposición, todos los edificios de La Laguna que no tributaban este impuesto y que no estaban destinados específicamente a uso religioso o educativo.
En este listado redactado en 2012, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, aparecían hasta 42 inmuebles de propiedad directa del Obispado que no pagaban IBI y tenían uso residencial, industrial, de almacenamiento o de oficinas. Además, también se registraron otros 12 bienes que, sin ser directamente propiedad del Obispado, estaban adscritos a una entidad religiosa.
El escenario y la postura del Consistorio actual se complicó en el pleno del 8 de febrero, cuando la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero (PSOE), dejó una intervención leída que colisionaba frontalmente con lo planteado por su partido e, incluso, con una moción del alcalde en marzo de 2022.
La más rotunda de sus afirmaciones se produjo en relación al IBI. «El artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales reconoce la exención del impuesto del IBI sobre los inmuebles de los que sea titular la Iglesia Católica», zanjó. Si se da por buena esa interpretación, no cabría debate sobre cobrar la Contribución a la Iglesia.
Intervención de la consejera de Hacienda, Carlota Rivera
Sin embargo, y más en detalle, el citado artículo 62 (sobre exenciones del IBI) fija en su apartado 1.c): «Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución».
Lo que reconoce el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos son exenciones para bienes que cuentan con usos religiosos o sociales, por lo que no todo tipo de inmuebles están libres.
Los bienes inmatriculados sospechosamente
A todo este jaleo se suma que en 2022 la Conferencia Episcopal Española publicó en un sonadísimo informe sobre los bienes inmatriculados desde 1998 que podrían no ser suyos. En total, 912 bienes en toda España sobre los que faltaba información, de los cuales 25 estaban en La Laguna.
Entre 1998 y 2015, la Iglesia inmatriculó (registró por primera vez) cerca de 34 mil propiedades, que corresponderían a lugares de culto, solares, viviendas, etcétera. Esto pudo ocurrir gracias a una reforma en la ley Hipotecaria en el primer gobierno de José María Aznar que permitía a esta entidad registrar a su nombre miles bienes.
La Laguna, al ser sede del Obispado, fue la ciudad canaria con más inmatriculaciones dudosas en las que la propia Iglesia reconocía no tener información suficiente para saber si esos bienes eran suyos o no. En algunos de los casos, el Obispado ni siquiera sabía dónde estaban las edificaciones, como ocurrió con una iglesia, un calvario y una ermita en Aguere.
Acuerdo plenario por los bienes inmatriculados y el IBI
Tras conocerse el dato de los 25 inmuebles de dudosa inmatriculación, el Ayuntamiento de La Laguna aseguró que actuaría para revertir “cuanto antes” la propiedad a sus legítimos dueños. Esta decisión se tomó por unanimidad en el pleno del consistorio, en una sesión en la que se aprobó también precisamente la decisión de cobrarle el IBI a la Iglesia por los bienes que no tuviesen uso religioso.
No obstante, en enero de 2024, el director del área de Hacienda y Servicios Económicos del consistorio, Javier de la Cruz, reconoció en un escrito remitido al concejal de Unidas Se Puede en La Laguna Rubens Ascanio (ahora en la oposición, en 2022 primer teniente de alcalde) que “no constan impugnaciones, estudios o informes técnicos realizados ante las supuestas inmatriculaciones por parte de la Iglesia católica»
Lo que sí ha reivindicado oficialmente como suyo el Ayuntamiento de La Laguna son las plazas de la Catedral, La Concepción, Tejina, Guamasa y San Jerónimo (Taco). Tras conocerse el registro de inmatriculaciones dudosas en 2022, el entonces primer teniente de alcalde Ascanio pidió que se investigasen también otras propiedades que la Iglesia tenía, descubriéndose entonces que el Obispado aseguraba que las citadas plazas eran de su propiedad cuando, en realidad, constaban en los documentos municipales como propias. En otros municipios de Canarias, la Justicia ha dado la razón al Obispado con casos similares.
IBI sí, inmatriculaciones no
Previsiblemente, en las próximas semanas (o meses) se conocerá definitivamente qué bienes de la Iglesia han de gravarse con IBI -a pesar de que la lista ya se hizo en 2012-, aunque parece que no llegará el momento en el que consistorio lagunero impugne las inmatriculaciones de bienes, ya que la concejal de Hacienda, Francisca Carlota Rivero, declaró en el pasado pleno de febrero que la moción del 10 de marzo de 2022 lo que pretendía era «instar a la Diócesis nivariense a que adoptara las acciones necesarias para regularizar la situación de los bienes inscritos supuestamente sin justificación», ofreciendo «la colaboración del ayuntamiento» para la recuperación de los bienes con la elaboración de un informe jurídico y técnico que sirviera «a sus legítimos propietarios» para instar la recuperación de sus bienes.
La concejal puntualizó: «Les matizo que no es el marco competencial de la entidad local, no pudiéndose destinar fondos públicos para la formalización de un contrato que tuviera por objeto acciones dirigidas a dilucidar la usurpación de un bien en su caso de propiedades privadas». Es decir, que el consistorio no reclamará esos 25 inmuebles per se y tampoco nadie lo ha hecho hasta ahora.