La exención de dos impuestos pactada por el Gobierno con la Conferencia Episcopal es insuficiente para algunos colectivos sociales críticos con la Iglesia. Moncloa defiende que sus dos acuerdos alcanzados en esta legislatura suponen un salto cualitativo.
El obispo coordinador del Equipo Sinodal, Vicente Jiménez Zamora, el presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella, y el secretario General de la CEE, Francisco César García Magán / Europa Press – Alejandro Martínez Vélez
Fuentes: asturiaslaica.com, / Miguel Muñoz, Público, 30 de marzo de 2023
La Iglesia católica ha renunciado a las exenciones de los impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los que afectan a las Contribuciones Especiales tras el pacto alcanzado entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de la Presidencia. El IBI queda excluido del acuerdo y también quedan pendientes otros privilegios adquiridos desde la firma de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.
“Este acuerdo supone el fin de los privilegios fiscales de la Iglesia católica en el pago de dos impuestos. A partir de hoy, la Iglesia será tratada como cualquier entidad sin ánimo de lucro en España”, ha afirmado este miércoles Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Bolaños ha destacado la importancia de este acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica para limitar mínimamente su impunidad fiscal. El ministro ha destacado que este acuerdo es fruto de un año de “trabajo intenso y de negociación discreta” y ha enfatizado que este acuerdo entre el Estado y la Iglesia tendrá beneficios para el erario público de los ayuntamientos y entidades locales”.
En concreto, el ministro ha dicho que los ayuntamientos recaudarán a través de estos impuestos más de 16 millones de euros al año. Parece una cantidad absolutamente mínima dado que la Iglesia recauda más de 1.000 millones de euros al año, según consta en la última Memoria de Actividades de la Iglesia (PDF).
El artículo 16 de la Constitución Española señala, entre otros asuntos, que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, destaca el punto 3 del citado artículo en la Carta Magna de 1978.
Que ahora la Iglesia vaya a pagar dos impuestos locales es un primer paso, pero el clero español sigue disfrutando de su particular paraíso fiscal, porque lo cierto es que la Iglesia española disfruta de la exención de casi todos los impuestos con la bendición de El Vaticano. Una realidad que, según denuncian desde organizaciones cristianas de base y colectivos en defensa del laicismo, no ha habido gobierno que se atreviese a tocar.
En marzo de 2021, el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, señalaba a Público que la Iglesia disfruta de una “exención generalizada” de impuestos. “Declara lo mínimo, tributa lo mínimo, y además lo hace con una opacidad total. Esa opacidad se la aplicamos el Gobierno, que debe ser el garante de la fiscalidad pública y publicar estos datos de forma transparente”, remarcó entonces Picó.
“Las exenciones que se han perdonado a la Iglesia parece que son altruistas, pero hay que tener en cuenta que el ICIO ya fue denunciado ante los tribunales europeos y fallaron en contra de esta exención. Es paradójico que eso se quedara parado para un caso concreto, que era para un colegio de Getafe”, argumenta Picó. El Gobierno debería haber aplicado de oficio esta eliminación, señalan desde Europa Laica.
Exenciones fiscales:
IBI
El clero español no declara a Hacienda sus sueldos –son bajos–, y la Iglesia, en sus múltiples manifestaciones, está exenta de los impuestos principales: impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sociedades, el de transmisiones o el de actos jurídicos documentados.
Pero donde mejor se aprecia el privilegio fiscal del que disfruta el clero español es en la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La Iglesia no paga ni un solo euro por el IBI pese a que posee sus miles de inmuebles de todo tipo. Aquí la Iglesia se ahorra cientos de millones en impuestos.
“El IBI es lo gordo. Estos impuestos suponen una poca cuantía”, explica a este medio Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La clave es que el patrimonio inmobiliario que tiene la Iglesia supondría una cuantía mucho mayor. La Iglesia está exenta por ley de pagar este impuesto de acuerdo con la normativa que regula la ley de fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro.
“La diferencia es que cualquier entidad de este tipo, como ongs y demás, no tienen el patrimonio inmobiliario de la Iglesia. Podría ser una cantidad muy importante. Con el IBI se dan situaciones llamativas como que la Iglesias tiene inmuebles alquilados a entidades comerciales y no pagan el IBI por ellos. Es muy llamativo, la Iglesia está considerada como entidad sin ánimo de lucro pero el diferencial de patrimonio inmobiliario es inmenso”, explica Cruzado.
Las exenciones fiscales de la institución católica también alcanzan a los “donativos, las colectas, los rendimientos del patrimonio mobiliario (intereses, dividendos, etcétera) e inmobiliario (alquileres, etc.) y las plusvalías generadas por ventas de patrimonio”, que no deben pagar el Impuesto de Sociedades. Hay que recordar que sólo en aportaciones voluntarias de los fieles, la Iglesia recaudó 310 millones de euros en 2020.
IRPF
A esa cantidad hay que sumar los 237 millones de euros que la Iglesia recibió ese mismo año como asignación tributaria por el IRPF. Esta es la mayor contradicción de todas: casi una cuarta parte de los ingresos de la Iglesia provienen de unos impuestos que la institución no paga.
Hace apenas un mes se conoció que la Iglesia católica ha recaudado en la última campaña de la declaración de la renta más de 320 millones de euros. Es una cifra récord que supone un incremento del 8,5% con respecto al año anterior y que se debe al aumento en 84.201 del número de declaraciones en favor de la Iglesia.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, detalló entonces que más de 8,5 millones de españoles marcan la casilla de la Iglesia teniendo en cuenta las declaraciones individuales y las conjuntas, lo que supone el 31,29% de las presentadas.
“El IRPF es un privilegio que tiene la Iglesia Católica en contra de la aconfesionalidad del Estado por el cual derivan impuestos que deberían estar en la hucha común a una organización privada de creyentes como es la Iglesia Católica”, señala el portavoz de Europa Laica. La organización defiende que las casilla de la Iglesia debería eliminarse. También la que va destinada a fines sociales, porque, según Picó, la mitad de esas aportaciones acaban en manos de entidades asociadas a la propia Iglesia.
Inmatriculaciones
Tras el acuerdo del pasado año 2022 del Gobierno con la Iglesia sobre las inmatriculaciones, algunos colectivos críticos consideraron que era del todo insuficiente. La Coordinadora Recuperando, que aglutina a más de treinta asociaciones patrimonialistas de todo el país, consideró que el acuerdo era “un trampantojo” que hace pagar a la Iglesia un “premio menor”, las “migajas”.
Esta asociación destaca que el Gobierno “está convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia“, al aceptar este millar de bienes y dar por buena la versión de la Iglesia de que en el caso del resto no actuó mal. Para Recuperando, es “inconcebible” que en un Estado que “presume” de ser de Derecho se le conceda a la Iglesia, una entidad privada, esa “potestad desorbitada” y “anómala” de poder decidir si las cosas le pertenecen o no.
Para Europa Laica, las 1.000 inmatriculaciones no supusieron en la práctica la devolución. Y además consideran que la lista publicada por el Gobierno, de 35.000 propiedades, es incompleta. Esta y otras asociaciones cifran ese listado en más de 100.000.