El Ejecutivo de PSOE y UP, el más escrupuloso en la separación formal de la esfera religiosa, se anota logros en fiscalidad, inmatriculaciones y educación que no afectan al meollo de los privilegios de la Iglesia.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, junto al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en octubre de 2018
Infolibre.es – Ángel Munárriz, 1 de abril de 2023
El balance ni se acerca al programa del PSOE en la oposición, cuando quería derogar los Acuerdos con el Vaticano, y por ahora cumple sólo parte del acuerdo de gobierno, que prevé una Ley de Libertad de Conciencia.
Era 2 de junio de 2018. Pedro Sánchez, tras una vertiginosa moción de censura, se convertía en presidente con una fotografía para la historia. En la ceremonia no había símbolos religiosos. Ninguno. Ni Biblia, ni crucifijo. Era la primera vez. Ni Zapatero había prescindido de la cruz. El resto del Gobierno hizo después lo mismo, en un gesto que proyectaba separación entre las esferas religiosa y civil. Es un terreno delicado en España, país en el que, a pesar de la aconfesionalidad recogida en la Constitución, la Iglesia mantiene una relación diferenciada con el Estado a través de unos acuerdos bilaterales firmados entre 1976 y 1979. El gesto de Sánchez y sus ministros, coherente con la trayectoria del secretario general del PSOE, abría la expectativa de una etapa política de avances inéditos en la agenda laicista.
Cinco años después, los hechos muestran que ha habido avances en terrenos sensibles como el fiscal, el inmobiliario –inmatriculaciones– y el educativo, pero sin tocar el cogollo de los privilegios de la Iglesia. La etapa del PSOE en el Gobierno desde 2018 –primero, brevemente en solitario; luego, con UP– ha supuesto un desarrollo legislativo en diversas áreas, como aborto, eutanasia o derechos LGTBI, contraria al modelo que defiende la cúpula eclesial. Nadie podrá decir que el Ejecutivo ha plegado su agenda legislativa al alto clero. Pero, en las relaciones Iglesia-Estado, los obispos han visto cómo la realidad quedaba lejos de las aspiraciones, objetivos e incluso compromisos de la izquierda.
Una cuestión histórica que llega hasta hoy
El problema religioso sirvió como acumulador de fuerzas contra la Segunda República. La jerarquía católica reaccionó con fiereza contra el programa de separación Iglesia-Estado. Durante la guerra dio apoyo al bando franquista. Tras su victoria, se sumó al aparato represor. Como recompensa obtuvo el Concordato de 1953. La Iglesia fue pieza crucial del régimen nacionalcatólico. Los protagonistas de la Transición, con estos antecedentes, diseñaron el Estado democrático acomodando a la Iglesia con una Constitución que la mencionaba y unos Acuerdos España-Vaticano de 1976-1979 que le daban un estatus ventajoso en lo simbólico, educativo y económico.
Durante más de 40 años, un presidente tras otro engordaron el catálogo de favores a la Iglesia a pesar de la rápida secularización. Felipe González (1982-1996) evitó reabrir la «cuestión religiosa», que quedó en el cajón de los asuntos pendientes. Si González implantó la casilla de la Iglesia del IRPF, Aznar la afinó a gusto del episcopado y Zapatero elevó el dinero por cada equis del 0,5239% al 0,7%. Hoy el Estado financia vía casilla de la Iglesia el funcionamiento de la Iglesia, que disfruta de una generalizada exención de impuestos no sólo para su actividad religiosa o caritativa, sino también lucrativa.
Más. El sistema de educación concertada convierte a la Iglesia en principal beneficiaria de un modelo que dedica cada año más de 6.000 millones públicos a una red privada. El Estado paga desde capellanes carcelarios a profesores de Religión de colegios públicos. Ningún gobierno ha exigido a la Iglesia la autofinanciación prevista en los Acuerdos.
Avances simbólicos
Sin ser religión oficial, la Iglesia mantiene una destacada presencia oficial. La mezcla de lo sagrado y lo político es usual. Ejemplo máximo: hasta cuatro ministros, del PP, acudieron al canto del himno de la Legión en la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga en 2018. Así que Sánchez tenía expedito ese flanco para marcar diferencias. Y así lo ha hecho. Sus gobiernos han sido los más escrupulosos en la separación Iglesia-Estado en la democracia. No sólo con la toma de posesión, también con hitos como el funeral laico por las víctimas del covid19 en 2020.
A ello se suma –en una medida que excedía lo simbólico– la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos en 2019, un proceso con tiranteces con la cúpula eclesial.
Elevadas expectativas
Si Zapatero tuvo que lidiar con Rouco, Sánchez ha encontrado un episcopado menos beligerante, en parte porque el propio papa Francisco, en el trono desde 2013, es un convencido de la separación entre Dios y el César. «Un Estado debe ser laico», llegó a declarar en 2016 a La Croix. En 2019, el papa metió a la cúpula española en un brete al afirmar que la Iglesia debía pagar el IBI por todos sus edificios sin uso religioso o caritativo, idea a la que la Conferencia Episcopal (CEE) se ha resistido
Y se ha resistido con éxito. El acuerdo fiscal Gobierno-CEE, por el que la Iglesia mantiene la exención del IBI incluso en edificios de los que hace uso lucrativo, supone una rebaja del listón con el que arrancó la era Sánchez. Hay más puntos en los que ha bajado.
No fueron sólo Podemos e IU, fue el propio PSOE el que alimentó la hipótesis de una etapa de avances laicistas. Y singularmente Sánchez. El programa del PSOE para las elecciones de 2016 llegaba hasta donde nadie había llegado en el PSOE, con medidas así: «suprimir la referencia a la Iglesia» en la Constitución, que incluirá el «principio de laicidad»; «denunciar los Acuerdos con la Santa Sede»; quitar todas las exenciones para los bienes sin «uso de culto o social»; «avanzar en la autofinanciación»; «reclamar la titularidad» de los bienes inmatriculados desde 1998 si la inscripción se produjo sin título.
Las resoluciones del 39º Congreso del PSOE –en línea con el documento de su candidatura para las primarias de 2017, en las que derrotó a Susana Díaz–, defendían «consolidar» el «Estado laico» con la denuncia y derogación del pacto con el Vaticano. «Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar», dice este documento, que insiste en la «autofinanciación de la Iglesia». Una PNL de febrero de 2018 de UP, transaccionada por el PSOE, instaba al Ejecutivo, del PP, a sacar la Religión fuera del horario escolar y a la «denuncia y derogación» de los Acuerdos.
Las expresiones de voluntad de cambio en el statu quo no se limitaron a la oposición. En octubre de 2018 la vicepresidenta Carmen Calvo comunicó al Vaticano que el Gobierno deseaba aplicar la fórmula italiana y la Iglesia tributase por los «inmuebles o actividades en las que no se produce culto». No fue flor de un día. Calvo mantuvo este planteamiento durante toda su etapa en el Gobierno. En 2020 insistía en que la Iglesia debía pagar el IBI en los edificios ajenos al culto y a la actividad asistencial. Es más, invitaba a una «reflexión» sobre el modelo de casilla de la Iglesia del IRPF, abriendo un nuevo melón.
Cuatro años bajando el listón
Aquellas intenciones expresadas por Calvo quedan lejos de lo conseguido. En realidad, el listón empezó a bajar en 2019. El programa del PSOE para aquel año ya no recogía el pago del IBI de la Iglesia. Tampoco estaba en las resoluciones del 40º congreso. Sí lo mantenían los programas de Podemos e IU, pero no entró en el acuerdo de gobierno.
También en 2019 el PSOE había borrado del programa la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, el tipo de promesa capaz de poner en pie a un auditorio en un mitin pero que desde La Moncloa se ve de otra manera. Su congreso de 2021, el 40º, prevé sólo una «revisión» en «diálogo con la Iglesia».
Fiscalidad e inmatriculaciones
Una vez bajado el listón, el Gobierno tampoco ha cumplido todos sus compromisos en esta legislatura, cuyo balance podría sintetizarse en dos puntos: 1) La Iglesia no ha aumentado sus privilegios ni conquistado otros nuevos. Es más, ha cedido algo de terreno en temas sensibles. El presente Gobierno, a la luz de los hechos concretos, puede decir que no ha engordado la larga lista de cesiones del poder político al religioso. 2) Ahora bien, tampoco ha introducido cambios significativos en el terreno de juego de las relaciones Iglesia-Estado. Este balance se ve en las inmatriculaciones y los impuestos.
Inmatriculaciones. El Gobierno avaló en 2021 la legalidad del procedimiento por el que la Iglesia inmatriculó casi 35.000 bienes entre 1998 y 2015, dando por consolidado todo lo anterior. Un éxito de la Iglesia. ¿El avance, entonces? Se dio en transparencia, con la publicación de un listado con los bienes inmatriculados, que se suponía que debía facilitar que a través de pleitos las instituciones o los particulares revirtieran inscripciones. Como advirtieron numerosos juristas, era una vía casi imposible. Los casos de reversión, como este en un pueblo de Mallorca, son la excepción a la regla.
El Gobierno ha acusado a la Iglesia de haber inscrito en torno a un millar de bienes «sin título ni causa». Serían sólo un 2,8% del total. infoLibre preguntó a Presidencia y a la CEE por el destino de estos bienes cuya inmatriculación fue puesta bajo sospecha. El órgano episcopal no respondió. Presidencia señala que la Federación Española de Municipios y Provincias ha difundido el listado entre los ayuntamientos y ha puesto a su disposición sus servicios jurídicos, «contando con el apoyo del ministerio». El acuerdo de gobierno de PSOE y UP preveía modificaciones legales para «facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente». En esa idea insistió Sánchez en su discurso de investidura en enero de 2020. Estos cambios legales no se han producido.
Impuestos. Por primera vez desde 2006, la Iglesia pierde un espacio de privilegio, con el fin de las exenciones por el gravamen de Contribuciones Especiales y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Presidencia recalca que además esta pérdida se produjo sin «contraprestaciones», a diferencia de 2006, cuando la Iglesia perdió la exención del IVA pero subió al 0,7% lo recibido por cada casilla del IRPF.
La pérdida de exenciones supone 16 millones al año –una ínfima parte del total, difícil de precisar pero estimado en más de 2.000 millones– y se realiza bajo presión de la UE, ya que el Tribunal de Luxemburgo había dado la razón al Ayuntamiento de Getafe frente a los Escolapios en un pleito por el ICIO. El acuerdo deja a salvo la exención del IBI incluso en los inmuebles que no tienen como fin el culto, la caridad o la asistencia social y de los que saca aprovechamiento económico.
Presidencia recalca que mantiene abiertas las comisiones de trabajo con la CEE tanto en inmatriculaciones como en fiscalidad, luego no da ni un asunto ni otro por zanjado. La Conferencia Episcopal no contestó a las cuestiones planteadas para este artículo.
Educación: un golpe al Opus
El Ejecutivo sí ha cumplido, con la aprobación en 2020 de la Lomloe, el punto de su programa de gobierno que establece que la Religión no cuenta para nota. La Ley Celáa recoge el fin de la financiación pública de los colegios que segreguen por sexos, una medida si llega a completarse hasta el final golpeará sobre todo al Opus. La norma ya surte efectos: los colegios de La Obra en Asturias han anunciado que dejarán de segregar para retener la financiación pública.
Por lo demás, la Iglesia mantiene su fuerte penetración en la educación. El modelo general de la asignatura de Religión, anclado en los Acuerdos con la Santa Sede, no cambia: los obispos siguen eligiendo a los profesores. La Lomloe, como ha acreditado un informe de la asociación de colegios privados Cicae y de la Confederación de Padres de Alumnos (Ceapa), tampoco ha puesto fin, a pesar de que los prohíbe, a los cobros encubiertos en la concertada, no sólo pero sí mayoritariamente controlada por la Iglesia. Según las conclusiones de este informe, en este punto no se están cumpliendo ni la ley ni el programa de gobierno, que establecía que «todos los centros privados concertados» deben «informar» de que las aportaciones son «voluntarias». La vigilancia del cumplimiento corresponde a las comunidades autónomas.
Ni cambios en el IRPF ni Ley de Libertad de Conciencia
En cuanto a financiación pública, la Iglesia está mejor que nunca, con cifras superiores a 300 millones al año. No ha habido ni un paso hacia la autofinanciación. La «reflexión» que anunció la vicepresidenta Calvo sobre el IRPF quedó en nada. A pesar de las indicaciones críticas del Tribunal de Cuentas, la CEE mantiene el mismo sistema de justificación del uso de los fondos, que el organismo consideró superficial. La Iglesia sigue acumulando superávit gracias al IRPF, 84 millones en cinco años, de los que envió 36,3 a una empresa privada, Trece TV, en lo que según el Tribunal de Cuentas podría constituir una ayuda de Estado prohibida por la UE.
El pacto de gobierno de PSOE y UP recoge una «Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado». En la recta final de la legislatura, no hay noticia de ella. Zapatero ya intentó sacar adelante una ley así, pero la acabó metiendo en un cajón en una segunda legislatura marcada por la crisis. En julio del año pasado, infoLibre preguntó a Presidencia por esta ley y aún no estaba descartada. Este viernes volvió a preguntar y no hubo respuesta.