El Consistorio dice que regula lo que considera su propiedad y los afectados denuncian que es «malintencionado» y se manifestarán en Zaragoza.
«Constan en el inventario municipal desde tiempos inmemoriales y hasta ahora no se había hecho».
Jorge Zorraquín, heraldo.es / 23/5/2024
El Ayuntamiento de Monterde, en la comarca de la Comunidad de Calatayud, tiene sobre la mesa desde hace más de un año el proceso oficial para inmatricularse casi 200 fincas repartidas por diversos puntos de su término municipal, varias de ellas incluidas en su pedanía de Llumes.
Se trata de parcelas de todo tipo, tanto terrenos agrícolas como almacenes e incluso viviendas, algunas habitadas de forma habitual. Así aparece reflejado en el anuncio realizado por la oficina del Registro de la Propiedad de Ateca y publicado en el Boletín Oficial del Estado del 4 de abril de 2023. Ante este escenario, varios de los particulares afectados han creado una asociación para denunciar que es un «malabarismo malintencionado». Desde el Consistorio, sin embargo, defienden el derecho a hacerlo por considerar que «se regula lo que es propiedad municipal y consta en el inventario».
Según consta en la publicación que se hizo en el BOE, pero que no se notificó de manera personal a los afectados, la inscripción la realizó la secretaria del Ayuntamiento con el visto bueno del alcalde, José Gracia, que ostenta el bastón de mando desde hace casi 30 años. En ese texto, se apunta que se hace «con el fin de que hagan uso de los derechos que, en su caso, puedan corresponderles sobre la finca descrita, se pone en conocimiento de todos los interesados y demás personas ignoradas a quienes pueda perjudicar el expediente». Ahí se establece que la orden tomará efecto «dos años desde la fecha de la inscripción», lo que se cumple al año que viene. Como ha podido constatar HERALDO, parte de los afectados ya estudian recurrir a la vía judicial.
Mediante un comunicado, la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde remarca que el proceso se ha iniciado «sin aviso previo a los afectados ni a sus linderos» e insisten en que se trata de un «malabarismo malintencionado con las referencias catastrales favorecido, por acción u omisión, por la gestión -a su juicio- mejorable, de la oficina del catastro». Añaden que se encuentran en un «estado de perplejidad, indefensión e inseguridad dado que cualquiera puede perder su casa por el mismo procedimiento» y señalan que se ven «en la obligación de acudir a los tribunales, con el quebranto económico que supone».
Desde el Consistorio, Gracia sostiene que se ha iniciado el proceso porque las parcelas inmatriculadas «son propiedad del ayuntamiento y había que regularizar esta situación desde hace años». A este respecto, confirma que son casi 200 los terrenos que busca incorporar el Consistorio «y los que quedan», anticipando otras reclamaciones. «Constan en el inventario municipal desde tiempos inmemoriales y hasta ahora no se había hecho. No se ha quitado nada a nadie», insiste. Preguntado por quienes cuentan con títulos de propiedad acreditados por el propio Registro, Gracia sostiene que «si alguien se siente perjudicado ya sabe lo que tiene que hacer».
Lejos de aceptar esta posición, en la asociación señalan que van a «vigilar especialmente». «La contratación por el Ayuntamiento de un abogado y un ingeniero para ayudarle a perpetrar esta repugnante maniobra. No los consideramos necesarios ya que el dispone de secretaria, asesores contratados fijos y, además, puede apoyarse en la DPZ y en la DGA si le hiciera falta». Por todo ello, anuncian que el próximo día 29 de mayo, a las 10.00, se manifestarán en la plaza de España de Zaragoza.
En su comunicado, la asociación considera que todo este proceso es «la gota que ha desbordado el vaso» y el desencadenante de crear la propia organización. «Surge para defenderse colectivamente de las injusticias, discriminaciones y abusos, principalmente del alcalde, situación venimos padeciendo desde hace más de 25 años», sostienen. Gracia sostiene que «no se ha quitado nada a nadie y no se va a derribar nada si no hay una sentencia que así diga».